El conflicto comenzó a principios de mayo, cuando dos personas se presentaron en el Ministerio de Trabajo para denunciar supuestas irregularidades en la conformación de la junta electoral. El sindicato tomó conocimiento de esta situación apenas dos días antes de la elección y 24 horas antes de la suspensión impuesta por el Ministerio de Trabajo. Aunque el sindicato realizó las presentaciones correspondientes para resolver esta situación, el 26 de junio los trabajadores decidieron en una asamblea, en la que estaban presentes todas las listas, convocar a elecciones para hoy, 6 de julio. En el tiempo transcurrido, el Ministerio no realizó ninguna otra acción hasta que ayer a última hora intimó al sindicato a que se abstenga de llevar adelante las elecciones con el argumento de que no está resuelto el expediente. Es decir, que la misma demora que tuvo del Ministerio de trabajo ahora se utiliza como argumento para anular el proceso eleccionario.
Como consecuencia, frente al mandato cumplido de los dirigentes y las elecciones suspendidas de manera indefinida, el Ministerio podría ordenar la intervención del sindicato en virtud de una supuesta acefalía creada por sus propias demoras en resolver el expediente. Así actuó recientemente en los casos de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera, del sindicato de judiciales de Mendoza y del de vigiladores privados, utilizando el argumento de las “irregularidades eleccionarias”. La junta electoral de SOEAIL decidió seguir adelante con la elección que se está desarrollando en estos momentos.
Al mismo tiempo, la empresa Ledesma dejó de retener el porcentaje que corresponde a la obra social, con el propósito de desfinanciarla, y amenazó con solicitar a la Superintendencia de Servicios de Salud que ordene la intervención inmediata de la obra social. El conflicto se profundiza, además, en un contexto de negociación de paritarias a nivel nacional.
Frente a esta situación, los trabajadores de SOEAIL pidieron el acompañamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas el CELS y Andhes como veedoras de las elecciones que de todas formas se están realizando hoy en Jujuy.
Los trabajadores del ingenio Ledesma vienen sufriendo distintos mecanismos de criminalización de la protesta y de la organización social. Durante una protesta en el contexto de la negociación de paritarias de 2016, 80 trabajadores fueron heridos con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes por las fuerzas de seguridad provinciales. Luego, el gobernador Gerardo Morales activó la actuación de la justicia penal y contravencional contra el sindicato y contra su secretario general, Rafael Vargas. El sindicato fue multado y ocho dirigentes sindicales, dos asesores legales del sindicato y seis trabajadores fueron criminalizados. Esta situación fue denunciada en marzo de este año en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con otros casos de utilización de procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación en Jujuy.
Foto: CELS, 6/07/17.
