Las organizaciones de derechos humanos que firmamos este comunicado expresamos nuestra profunda preocupación e indignación por el espionaje a miembros de la sociedad civil mexicana, periodistas, partidos políticos de oposición y funcionarios de organismos internacionales que han criticado al actual gobierno. Estos casos de espionaje deben investigarse en forma transparente y seria, tomando en cuenta la exigencia de crear un panel independiente de expertos y expertas internacionales.
Las investigaciones hechas por Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC y publicadas por The New York Times evidenciaron que se han dado múltiples casos de vigilancia y espionaje mediante un software llamado Pegasus que únicamente se puede vender a gobiernos y que solo está permitido utilizar para investigar a presuntos delincuentes y terroristas. Entre los que han sido víctimas de esta forma de espionaje y vigilancia se incluye a periodistas, defensores de derechos humanos y otros activistas que han hecho pública información sobre corrupción, contratos públicos irregulares, decisiones de salud pública y violaciones graves de los derechos humanos ocurridos durante esta administración y durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, e incluso partidos políticos de oposición.
De acuerdo con revelaciones hechas públicas el 10 de julio, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que daban asistencia técnica al gobierno mexicano para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente en Guerrero, también habrían sido espiados. El malware se infiltra en teléfonos celulares a través de un mensaje de texto con un enlace que facilita la instalación secreta del software que permite el monitoreo de toda actividad del celular, incluso correos electrónicos, mensajes encriptados, llamadas, cámara y micrófono.
Estas revelaciones de espionaje se dan en uno de los momentos más violentos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México, con el asesinato de al menos siete periodistas y seis defensores en lo que va del año. La impunidad para estos casos sigue siendo la regla general, y las acciones tomadas por el gobierno no han podido garantizar justicia ni sancionar a quienes atacan a las voces críticas al gobierno y a sus funcionarios.
La respuesta del gobierno mexicano a las alegaciones de espionaje ha sido insuficiente y parecería apostar al olvido de este escándalo. La Procuraduría General de la República y su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) han anunciado que abrieron una investigación sobre la vigilancia y solicitaron el apoyo de las Naciones Unidas y la Buró Federal de Investigación de EE.UU. (FBI). Sin embargo, los términos en que esta cooperación se está solicitando no son transparentes ni claros y, en el caso de Estados Unidos, la embajadora estadounidense en México dijo que ese apoyo no ha sido solicitado oficialmente.
Las organizaciones abajo firmantes nos unimos a las exigencias de la sociedad civil mexicana y de algunos de los integrantes de la CIDH de crear un panel independiente de expertos y expertas internacionales que, a diferencia de las autoridades nacionales, pueda llevar a cabo una investigación que derive en resultados serios y creíbles para las víctimas de espionaje y para la sociedad. Al mismo tiempo, llamamos al gobierno mexicano a transparentar los contratos y documentos relacionados con la adquisición y uso del software de espionaje.
Amnistía Internacional
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Conectas Direitos Humanos
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF)
JASS (Asociadas por lo Justo)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Robert F. Kennedy Human Rights