El gobierno porteño presentó un proyecto de ley para regular los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Si bien la propuesta aún resulta insuficiente para lograr un mercado de locaciones más justo e inclusivo, retoma algunas de las demandas planteadas por los inquilinos a la hora de alquilar. Las organizaciones e instituciones públicas que el mes pasado presentamos un proyecto de ley sobre el acceso al alquiler entendemos que la iniciativa del gobierno porteño descomprime en gran medida la situación de casi un tercio de los hogares de la ciudad, aunque no avanza sobre cuestiones de fondo que deben ser resueltas de forma conjunta.
El proyecto del gobierno implica un avance para los derechos de los actuales y potenciales inquilinos de la Ciudad, en tanto prohíbe que sean estos quienes efectúen el pago de honorarios a la inmobiliaria, gestiones de informe de dominio, gravámenes e inhibiciones. Además, establece un tope en las comisiones inmobiliarias del 4,15% sobre el total del monto del contrato que deberá ser abonada por el propietario, y le da facultades al IVC para controlar el cumplimiento de estas normas.
En esta propuesta se debería incorporar varios de los puntos incluidos en el proyecto que presentamos desde las organizaciones que trabajamos esta problemática, como un sistema público de garantías, certificaciones de firma gratuitas, políticas públicas que promuevan la oferta de inmuebles en alquiler con fines residenciales para sectores medios y bajos, y la creación de mecanismos más eficientes para fiscalizar el cumplimiento de las leyes que regulan el funcionamiento del mercado del alquileres.
Las organizaciones autoras del proyecto valoramos este avance, pero a la vez instamos a la Legislatura de la Ciudad a incorporar estos puntos al proyecto presentado por el GCBA para garantizar el acceso justo a una vivienda digna a miles de hogares porteños.