Las organizaciones abajo firmantes presentaron con alarma ante la ONU y la OEA el caso de una abogada defensora de derechos humanos que fue sancionada por la justicia tucumana tras haber manifestado públicamente preocupación por el retardo injustificado en el caso del homicidio de un líder indígena.
María Belén Leguizamón Salvatierra es una abogada defensora de derechos humanos integrante de la organización ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales). Leguizamón interviene en el caso del líder indígena Javier Chocobar, quien fue asesinado a tiros hace más de siete años por defender su territorio.
El caso de María Belén
El 12 de octubre de 2016 se cumplió el séptimo aniversario de la muerte de Chocobar. En esa ocasión, María Belén Leguizamón Salvatierra manifestó públicamente su preocupación por el retraso de la justicia y la impunidad en el caso. La abogada invitaba a la sociedad a acompañar a la comunidad en su reclamo público, como parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Llamativamente, el 9 de noviembre de 2016, la Cámara Penal de Tucumán intimó a Leguizamón Salvatierra a concurrir a medios periodísticos para “aclarar” sus dichos en relación con la causa de Chocobar. Diferentes organizaciones repudiaron las sanciones impuestas en tanto medidas con un posible efecto disciplinador e intimidatorio.
Resulta de suma preocupación que en lugar de avanzarse en la investigación del homicidio de un líder indígena, que ha permanecido impune por los últimos siete años, la justicia se aboque a la sanción de quien ejerce y representa a una comunidad que aún no ha encontrado en el Poder Judicial una respuesta.
La vulneración, entre otros derechos, de la libertad de expresión de Belén Leguizamón, por parte de aquellos que deberían resguardarlo prendió una luz de alerta frente las situación latente en la provincia de Tucumán: el desconocimiento de los derechos indígenas, la impunidad de aquellos que los violan, y el hostigamiento de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Recientemente, durante una visita a Argentina en 2016, la ONU destacó como altamente condenable la represión y toma de represalias contra quienes defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de los indígenas y sus familias, entre ellos su territorio en el país.
En este contexto, las organizaciones piden a la ONU y a la OEA que exhorten al Estado argentino y al Estado de Tucumán a proteger a los defensores de derechos humanos contra todo acto de intimidación, silenciamiento así como cualquier otra arbitrariedad por parte de autoridades públicas. En especial, las organizaciones piden monitorear el proceso que se encuentra en curso en contra de María Belén Leguizamón Salvatierra y que el Estado informe sobre las medidas adoptadas.
Amnistía Internacional
ANDHES
ASOCIANA
CELS
Confederación Mapuche
IWGIA
REDAF
XUMEX