En los últimos días el gobierno nacional y varios gobiernos provinciales buscaron instalar la idea de que existe un clima de “violencia política” y de que sería necesario fortalecer la presencia policial en edificios públicos y endurecer el accionar estatal frente a la protesta social. En este contexto, hoy se registraron al menos once allanamientos simultáneos en locales de distintos partidos políticos y organizaciones sociales de la Ciudad de Córdoba.
Los allanamientos responderían a los destrozos producidos por algunos manifestantes en el contexto de la marcha contra el gatillo fácil realizada el lunes pasado. Sin embargo, es evidente la desproporción entre el delito investigado y las medidas ordenadas por el fiscal y aprobadas por el juez a instancias de una dudosa investigación llevada adelante por la policía. No se entiende de qué modo ayuda a la investigación entrar a los locales partidarios y secuestrar papeles, libros, instrumentos musicales, banderas y alimentos no perecederos, como si se tratara de armas o de pruebas incriminatorias. Sí está claro, en cambio, el mensaje intimidatorio hacia las agrupaciones políticas un día antes de la marcha para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado, de cuya desaparición se cumple un mes.
El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben cesar en su insistente actitud de construir enemigos internos y de crear falsas alarmas sociales como coartada para limitar la protesta social.