La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) presentó una acción judicial de amparo para que el Poder Judicial le ordene a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que brinde la información que solicitamos en junio y que su director, Gustavo Arribas, se negó a hacer pública.
Las organizaciones que integramos ICCSI formulamos un pedido de información sobre:
• la existencia de acuerdos de intercambio de información de inteligencia entre la Argentina y otros países,
• el régimen de administración de fondos reservados de la AFI, en cumplimiento con la obligación de transparentar el uso de esos fondos establecido por la ley de Inteligencia.
• cómo están reguladas las categorías de desclasificación de seguridad de la información y sus plazos.
• el uso de interceptaciones telefónicas de inteligencia: qué interceptaciones se realizan, en qué cantidad, cuál es el mecanismo de resguardo de la información y en qué medida se informa a la bicameral del Congreso responsable por la fiscalización de estas medidas.
El primer pedido de información fue realizado el 13 de junio como parte de una campaña mundial coordinada por la red INCLO para que los Estados informen sobre los acuerdos internacionales de intercambio de información entre agencias de inteligencia.
El 28 de agosto, la AFI se negó a brindar la información requerida alegando que toda información relativa a la AFI está “clasificada” sin brindar ningún fundamento legal más que un genérico “porque así lo dice la ley”. A su vez, se limitó a hacer una referencia tautológica a la ley de Inteligencia sin explicar por qué considera que la información que solicitamos debe ser secreta.
Hasta tal punto esta negativa a brindar información es arbitraria e ilegal que la nota de respuesta, firmada por el director de Relaciones Institucionales, es también clasificada como secreta, motivo que nos impide darla a conocer.
Debido a que esta respuesta del Poder Ejecutivo a un pedido de acceso a la información es doblemente contraria a lo previsto por las leyes de inteligencia y de acceso a la información pública, la ICCSI se presentó ante el Poder Judicial.
Esta respuesta lesiona y restringe arbitrariamente el derecho a acceder a información pública, ya que la información que solicitamos no es sobre actividades de inteligencia, ni sobre el personal afectado a ellas, ni pide acceso a documentación de inteligencia, cuestiones que sí podrían estar reservadas como lo establece la ley. Por el contrario, preguntamos información necesaria para evaluar el estado de implementación de las reformas introducidas en la Ley Nacional de Inteligencia en 2015.
La falta de acceso a la información pública y la respuesta arbitraria e ilegal brindada por la AFI, sólo pueden ser comprendidas en un contexto de fuerte regresión en las políticas de inteligencia respecto de la tardía reforma del sistema realizada en 2015 y cuyo cumplimiento perseguimos con el pedido de información presentado a la AFI. Durante el año 2016 el gobierno nacional tomó medidas que dificultan el control del organismo, incrementando el riesgo de que fondos reservados y recursos institucionales puedan ser abocados a actividades ilegales, como ha ocurrido numerosas veces en el pasado reciente.
Integran ICCSI: la Asociación por los Derechos Civiles – ADC, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia – ILSED, la Fundación Vía Libre, el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad -NEGyS-UMET y el Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS.