Las comunidades Corralito, Arenales y El Chaguaral, la Federación Pilagá en Pozo del Tigre, la Namqom, la Comunidad 3 Pozos y la Wichí Pampa del 20 Las Lomitas corren peligro de quedar a la deriva si no se prorroga la ley de emergencia territorial (ley 26.160), cuya vigencia vence el 23 de noviembre de 2017.
Distintas organizaciones de derechos humanos recogimos sus testimonios e historias en la web Esta es mi casa. Algunos relatos tienen como ruido de fondo las máquinas topadoras que avanzan en el desmonte de los territorios ancestrales, fuente de la cosmovisión indígena. En ese sitio se puede acceder al petitorio de colecta de firmas que será entregado al Congreso de la Nación.
La ley de emergencia territorial fue sancionada en 2006 con el objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios y realizar un relevamiento sobre las tierras ocupadas por los pueblos originarios a lo largo del territorio nacional a efectos de avanzar en su efectiva titulación, una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios.
En septiembre, el Senado aprobó por unanimidad su prórroga por cuatro años y el proyecto con media sanción pasó a la Cámara de Diputados, en donde aún no tiene fecha su tratamiento.