Ayer, después de más de seis meses, fue liberado Agustín Santillán, dirigente indígena wichí de la Comunidad Barrio Viejo, por decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Formosa, a partir del recurso presentado por sus abogados Daniel Cabrera y Cintia Herrera.
Estaba detenido desde el 14 de abril por orden del juez penal de Las Lomitas, Marcelo López Picabea, quien lo acusó ambiguamente de ser el autor, el organizador y/o el incitador de robos y lesiones en el contexto de una protesta en la Municipalidad de Ingeniero Juárez por la falta de ayuda a su comunidad tras las inundaciones que sufrió esa localidad.
La cámara consideró que el juez incurrió en afirmaciones contradictorias y no queda claro de qué se acusa a Agustín Santillán, lo que puede llevar a “peligrosas ilogicidades” y a “decisiones judiciales arbitrarias”. De hecho la Cámara consideró que el juez “vuelve a caer en el error de hacer decir a los testigos, lo que ellos no dicen”, por lo que decidió revocar el procesamiento y la detención de Agustín Santillán. No obstante el proceso penal en su contra sigue abierto.
Agustín Santillán fue imputado en 28 causas penales, que en mayor medida tuvieron su origen en la reivindicación de sus territorios ancestrales y la defensa de los derechos de su comunidad. Tal como destacó la CIDH, muchas veces los defensores y defensoras de derechos humanos, como Santillán, son víctimas de procesos de criminalización en los que se acentúan las acusaciones con el objetivo de privarlos de su libertad desde el inicio del proceso. La persecución penal a los referentes sociales tiene efectos negativos en el funcionamiento de su comunidad, pero sobre todo los priva de su derecho a defender los derechos humanos. Por otra parte, el efecto puede ser amedrentador para quienes a través de sus denuncias y reclamos contribuyen a la realización del Estado de derecho y la democracia.