La semana pasada, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a 22 personas por los incidentes ocurridos en las inmediaciones de Plaza de Mayo, durante la marcha del 1 de septiembre en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado.
Las detenciones realizadas luego de la movilización mostraron, una vez más, una actuación policial violenta e irregular: policías de civil y sin identificación, y detenciones arbitrarias, que incluyeron a periodistas que estaban cubriendo la manifestación.
La decisión judicial se basa principalmente en los testimonios de los mismos policías que realizaron las detenciones. A su vez, imputa sin fundamentos el delito de intimidación pública, de carácter federal, e impone un embargo desproporcionado sobre los bienes de las personas procesadas.
Entre las personas procesadas, los tres periodistas que realizaban un trabajo de prensa son Carlos Ardila Guerra, fotógrafo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Ezequiel Hugo Medone y Juan Pablo Mourenza, de Antena Negra TV. El juez alega, a partir de las fotografías, que estos trabajadores mostraban “actitud hostil” o que simplemente se encontraban atrás de un vallado como si esta situación en sí misma fuera una clara violación de alguna normativa. Estas son apreciaciones subjetivas que no son acompañadas por otras pruebas en el expediente más allá de las declaraciones de los propios funcionarios policiales que realizaron las detenciones. De esta manera, las fotografías y filmaciones acompañadas en la causa sólo acreditan la presencia de los imputados ese día en el lugar, cuestión no controvertida ya que los periodistas se encontraban trabajando.
Es evidente que este procesamiento colectivo con escasas pruebas y con la calificación más grave de un delito federal resulta otro intento de criminalización de la protesta social que busca intimidar a los y las manifestantes ante futuras marchas. Además, las detenciones y los posteriores procesamientos de periodistas resultan un claro ataque a la libertad de prensa y de expresión.
El Poder Judicial, en lugar de controlar el accionar policial arbitrario y abusivo, convalida sus prácticas y da un mensaje de disciplinamiento que limita el derecho a la protesta social.
foto: Emergentes