La Argentina fue evaluada nuevamente por sus pares en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hoy se aprobó el informe preliminar con las recomendaciones planteadas por 79 delegaciones ante los representantes argentinos en un diálogo realizado a principios de la semana. El Estado tendrá que responder a cada una de las recomendaciones antes de que se adopte el informe final del EPU en marzo de 2018.
El CELS, en alianza con otras organizaciones, remitió información sobre diversos temas para esta evaluación. Los aportes sobre cada tema están disponibles en este minisitio especial.
Destacamos abajo las recomendaciones más relevantes que surgieron esta semana y los países que las hicieron:
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
• Profundizar la investigación de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en particular aquellas vinculadas a crímenes económicos (Perú y Nicaragua)
ACCESO AL ABORTO
• Remover obstáculos y asegurar el acceso al aborto legal en el país (Alemania, Eslovenia, Francia, Islandia, Italia)
• Garantizar el acceso amplio y asequible a los medicamentos abortivos disponibles (Eslovenia)
• Tomar medidas para asegurar que las mujeres, jóvenes y niñas no enfrenten sanciones penales por solicitar o practicarse un aborto (Noruega, Suiza)
DERECHO A LA PROTESTA
• Asegurar que el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones sea proporcionado y conforme a los criterios mínimos de actuación de 2011, para garantizar el derecho de reunión y asociación y la libertad de expresión (Alemania)
SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA
• Resolver el problema de sobrepoblación en las cárceles, incluso por medio de las normas necesarias, y prohibir el uso de comisarías para las detenciones de largo plazo (España, Estados Unidos, Ghana, Portugal, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Albania, Angola)
• Reducir el uso de la prisión preventiva, buscando alternativas al encierro y asegurando procesos judiciales más expeditos (Canadá)
PREVENCIÓN DE LA TORTURA
• Establecer el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a la brevedad, designar integrantes independientes y calificados y otorgarle todos los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su funcionamiento efectivo (Suiza)
• Implementar los mecanismos nacionales y provinciales de prevención de la tortura (Francia, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Ghana, Honduras, México, Paraguay, República Checa)
PERSONAS MIGRANTES
• Garantizar que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2017), que limita las garantías procesales en los procedimientos de deportación, no restrinja los derechos humanos de la población migrante, y proteger y promover los derechos de las personas migrantes (México, Indonesia, Bolivia, Bangladesh)
PUEBLOS INDÍGENAS
• Asegurar la participación y consulta previa de los pueblos indígenas en relación a las medidas estatales y los proyectos privados que podrían afectar sus derechos (Canadá, Estonia, Noruega)
• Concluir el relevamiento de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas previsto en la Ley 26.160 para garantizar plenamente sus derechos territoriales y su derecho a la consulta previa, en cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por la Argentina y su Constitución Nacional (Alemania).
Por otro lado, Chile pidió que el Estado argentino “siga colaborando con los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en casos de desapariciones forzadas o involuntarias”. E India instó a la Argentina “tomar medidas adecuadas y creíbles para terminar con los casos de detención arbitraria, en conformidad con el derecho internacional”.
El Estado argentino, por su parte, asumió compromisos voluntarios de mantener las políticas estatales para asegurar la memoria, la verdad y la justicia para todas las violaciones de derechos humanos del pasado, presente y futuro; fortalecer y consolidar las instituciones para la protección de los derechos humanos, incluso el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; entrenar los miembros de las fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario para cumplir con las Reglas Mandela sobre las condiciones de detención; avanzar las políticas de desarrollo con un enfoque de derechos humanos y seguir promoviendo reformas para lograr mayor transparencia y producción de datos sobre la situación de derechos humanos en el país.