Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la prórroga por 4 años de la Ley 26.160, que declara la emergencia territorial indígena, suspende los desalojos y ordena la realización de un relevamiento de todas las tierras habitadas por las comunidades. La ley había sido aprobada por primera vez en 2006 y establecía un plazo de 4 años para esas tareas, pero debido a los escasos avances del proceso de relevamiento, se fue prorrogando sucesivamente.
La emergencia territorial y la suspensión de los desalojos otorgan a las comunidades un marco de protección valioso ante los posibles avances para despojarlas de sus tierras. El relevamiento, a su vez, es una herramienta indispensable para garantizar el respeto a la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan los pueblos indígenas, reconocidas por la Constitución Nacional.
La ley es un instrumento valioso. Sin embargo, desde que se aprobó hace más de una década su implementación ha sido deficitaria: el relevamiento comenzó solo sobre el territorio de la mitad de las comunidades identificadas y solo se concluyó el 30%. Al mismo tiempo, la ley tiene un alcance limitado en términos jurídicos: establece la delimitación del territorio y su reconocimiento en términos administrativos, pero no prevé mecanismos para avanzar en el otorgamiento de títulos de propiedad a las comunidades.
La aprobación de la prórroga de la ley 26160 debe ser el paso inicial de una política efectiva e integral, que complete el relevamiento de tierras iniciado, pero también que avance en la titulación definitiva. Ambos pasos son indispensables para garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra y cumplir en forma definitiva con el derecho de las comunidades de habitar y trabajar en sus territorios ancestrales.