El Congreso de la Nación debe garantizar que el/la próximo Defensor/a sea idóneo, independiente y proactivo en la defensa de los derechos. Para ello, es necesario un procedimiento de designación participativo, abierto y transparente.
Las organizaciones firmantes presentamos hoy ante el Congreso de la Nación una nota en la que manifestamos nuestra preocupación por los avances en el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación sin que se hayan dispuesto mecanismos participativos a fin de que la ciudadanía pueda evaluar y opinar sobre los méritos de las/os candidatas/os. Por eso, pedimos al Congreso de la Nación que se abstenga de designar candidatas/os a Defensor/a del Pueblo, sin antes abrir un procedimiento amplio, transparente y participativo de consulta.
Según trascendidos, este miércoles (8/11) la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo firmaría la propuesta de terna de candidatas/os a Defensor/a, con miras a que las Cámaras lo designen antes de fin de año.
Desde el año 2013 varias de las organizaciones firmantes venimos exigiendo al Congreso de la Nación que designe al Defensor del Pueblo de la Nación de un modo participativo. Tanto el Poder Judicial, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado reclamando el cese de la actual situación de acefalía. A pesar de ello, en estos años el Congreso ha sido reticente en nombrar un/a nuevo/a Defensor/a, argumentando la dificultad de alcanzar las mayorías agravadas dispuestas por la Constitución.
Hoy, cuatro años después, la Comisión Bicameral reactivó el procedimiento. Pero a la fecha no activó ningún mecanismo de participación de la sociedad civil en el proceso tendiente a conformar la terna de candidatos/as. De concretarse, los eventuales acuerdos políticos realizados sin participación de la ciudadanía en la conformación de la terna afectarán el adecuado funcionamiento institucional de la Defensoría, una vez que su nuevo/a titular sea designado/a.
La Constitución establece que el Defensor del Pueblo debe ser elegido por una mayoría calificada de dos tercios de cada Cámara. El sistema político cuenta con dos vías para obtener el acompañamiento de los diversos sectores legislativos necesarios para formar esta mayoría: puede priorizar que la designación sea realizada sobre la base de las características propias del candidato/a, presentando una figura incuestionable en términos de idoneidad, trayectoria e independencia, que cuente con apoyo y legitimación social; o puede intentar fabricar dichas mayorías a través del reparto de cargos en puestos relevantes entre los sectores políticos que conforman las Cámaras. De intentarse esta última vía, el resultado será una Defensoría del Pueblo débil, sin legitimación social, y limitada para defender los derechos y controlar a la administración pública.
El Defensor del Pueblo es un actor fundamental en nuestro sistema de defensa de los derechos humanos, el control de los actos de gobierno, y como canal de comunicación entre el Estado y la sociedad. Este rol trascendental que le reconoce la Constitución exige que el titular sea una persona con idoneidad técnica y moral, independencia y proactividad en la defensa de derechos. Por ello, es necesario establecer un procedimiento participativo, abierto y transparente para que quien resulte seleccionada/o sea el/la mejor candidato/a posible. Sobre este punto, las organizaciones firmantes enviaron al Congreso una propuesta con recomendaciones para reglamentar un procedimiento participativo.
Para designar un/a Defensor/a que sea realmente para el Pueblo, es necesario asegurar que el Pueblo participe en el procedimiento de designación, el que no debe realizarse de espaldas a la ciudadanía.
ANDHES
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
CAREF
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Colectivo Ni Una Menos
Directorio Legislativo
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Ciudad
Fundación Conocimiento Abierto
Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Fundación Huésped
Laboratorio de Políticas Públicas
Poder Ciudadano
Unión de Usuarios y Consumidores