El 8 de noviembre el presidente argentino Mauricio Macri instó al gobierno de los Estados Unidos a bloquear las importaciones de petróleo venezolano a EE.UU., diciendo que tal medida recibiría “amplio” apoyo de todos los países del hemisferio. Como organizaciones dedicadas al avance de los derechos humanos, los grupos firmantes expresamos nuestro profundo rechazo a estas iniciativas. Instamos a la comunidad internacional a encontrar una solución pacífica de la crisis en Venezuela absteniéndose de apoyar sanciones que empeorarán el grave escenario humanitario al que se enfrentan los venezolanos.
Nos genera gran alarma la continua violación de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de las normas democráticas por parte del gobierno venezolano. La actual falta de medicamentos y la escasez de productos básicos afecta profundamente a la población con resultados alarmantes. Existe evidencia del aumento de las tasas de desnutrición infantil, de igual manera, la escasez de medicamentos ha provocado el aumento de muertes por condiciones normalmente tratables o enfermedades prevenibles como el VIH, la malaria y la tuberculosis. Cualquier restricción en la exportación de petróleo, que representa alrededor de la mitad de los ingresos del estado, deteriorará aún más y de manera drástica la ya limitada capacidad de Venezuela para importar alimentos y medicinas.
Esta medida también profundizaría una creciente crisis migratoria. El número de venezolanas y venezolanos que buscan asilo en el exterior aumentó en más de 8,000 por ciento en 2016, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este año ha crecido aún más. Un embargo petrolero solo impulsaría esta tendencia, rebasando la habilidad de países vecinos de asegurar los derechos de personas inmigrantes y refugiadas.
Finalmente, las sanciones económicas irían en contra de la opinión pública en Venezuela, donde la mayoría de la ciudadanía venezolana rechaza tales medidas. Por esta razón y por la invocación frecuente por parte del gobierno Maduro de un supuesto complot internacional para justificar políticas violatorias de los derechos humanos, las sanciones podrían incluso ser contraproducentes y terminar fortaleciendo dichas políticas.
En agosto del presente años, 59 organizaciones de la sociedad civil venezolana firmaron una carta abierta a la comunidad internacional, requiriendo que impida “la aprobación de sanciones unilaterales o multilaterales contra el conjunto de la nación por parte de los gobiernos de la región, las cuales aumentan la crisis humanitaria existente en Venezuela.” Al rechazar un bloqueo petrolero, nos solidarizamos con estas organizaciones, así como apoyamos su denuncia de una interrupción del hilo constitucional y las reglas democráticas básicas en Venezuela.
Actores internacionales y regionales deben buscar una solución pacífica y democrática, a través de herramientas diplomáticas y medidas de presión que no golpean aún más a la ciudadanía venezolana. Imponer un embargo contra las exportaciones petroleras no es la respuesta.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú
Dejusticia, Colombia
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), EE.UU.