En marzo de 2016, catorce años después de los hechos, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad Interior, a Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal Argentina, y a otros siete policías por ordenar y dirigir la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 provocó cinco muertes y decenas de heridos. Recibieron penas de entre 4 y 8 años de prisión. En el juicio, el CELS representó a las familias de Gastón Riva y Diego Lamagna.
Casi dos años después de esta sentencia, ninguno de los ex funcionarios está cumpliendo la condena. La Cámara Federal de Casación Penal dilata la confirmación de las condenas, lo que a su vez habilita las estrategias dilatorias de las defensas que buscan, también, incidir indebidamente en la conformación del tribunal. De manera simultánea, la Cámara está postergando la resolución de las apelaciones realizadas por las querellas por algunas de las absoluciones.
En la sentencia de este juicio, el Poder Judicial consideró que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias derivadas de la orden de reprimir una protesta. Es decir que, las fuerzas de seguridad tienen una conducción política que debe responder por los efectos de los operativos y por cómo se utiliza la fuerza.
Hoy se cumplen 16 años de que Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez fueron asesinados como consecuencia de la orden de reprimir las protestas masivas que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre de 2001. Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros en este día y en la búsqueda de justicia por sus muertes.