El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, a través de declaraciones del responsable del Servicio Penitenciario, Juan José Baric, al sitio Letra P, anunció que no se construirán nuevas unidades penitenciarias para responder a la sobrepoblación que, según el gobierno provincial, es de 10 mil detenidos.
Desde que asumió la actual gestión, el Poder Ejecutivo afirmó que construiría cárceles para remediar el colapso del sistema de encierro provincial. Así lo hizo en los informes que presentó a la Mesa provincial de Trabajo convocada por la Cámara de Casación Penal y a la Suprema Corte de Justicia provincial en los que anunció la construcción de dos unidades penitenciarias (Campana y Lomas de Zamora), nuevas alcaidías en Campana y General Rodríguez, y la ampliación de las alcaidías de Lomas de Zamora y de San Martín. También puso como objetivo para finales de 2018 mejorar la infraestructura de 55 unidades. Al mismo tiempo, en su presentación en una audiencia temática en Lima durante el 163 período de sesiones de la CIDH, el Ministerio de Justicia provincial dijo que generaría 2 mil plazas nuevas para finales de 2018, con el objetivo de “desagotar el serio problema de las comisarías”.
Mirá las estadísticas del Servicio Penitenciario Bonaerense en este enlace.
Política pública. Como respondimos en su momento, la construcción de plazas carcelarias no es una solución para la actual crisis de sobrepoblación, considerando además el ritmo de aumento de la tasa de encarcelamiento, que fue del 10% en el último año. Las nuevas plazas no alcanzarían ni siquiera para absorber el ingreso anual de detenidos al sistema. Sin embargo, la construcción de más lugares de privación de libertad fue la política pública que el gobierno provincial eligió, al menos en las declaraciones públicas, como solución, a pesar de que la falta de presupuesto provincial ya era conocida por todos. Ahora, el mismo gobierno anuncia que no podrá cumplir con esos anuncios.
En síntesis, cada vez que un hecho grave –como la muerte de siete personas en una comisaría de Pergamino– llama la atención sobre el estado del sistema penitenciario bonaerense, el gobierno provincial anuncia la construcción de cárceles. Ese anuncio no se lleva adelante. Durante ese tiempo, se continúa profundizando una política criminal basada en altas tasas de encarcelamiento. El resultado es un agravamiento de la sobrepoblación crítica del SPB y la ausencia de soluciones reales para las condiciones inhumanas en las que permanecen detenidas miles de personas.
2 presos en 1 celda. Si no va a construir plazas, ¿qué respuesta va a dar el Poder Ejecutivo al aumento constante del encarcelamiento y la consecuente sobrepoblación? Hasta ahora, la misma que han dado otras gestiones del Poder Ejecutivo provincial: agregar una segunda cama en cada celda. Esta supuesta solución tiene como consecuencia aumentar el hacinamiento y degradar aún más las condiciones de vida de las personas alojadas en unidades y alcaidías penitenciarias. Además, es contraria a las normas internacionales para el tratamiento de la población detenida y de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por el Estado argentino y la provincia de Buenos Aires.
El gobierno provincial, lejos de desarrollar un programa progresivo de reducción de las personas detenidas a través del descenso de los niveles de encarcelamiento, toma medidas regresivas que empeoran aún más las condiciones de vida en los lugares de encierro. No es pura retórica: hay posibilidad de encarcelar menos a través de medidas alternativas para abordar los delitos no violentos, los relacionados con estupefacientes y la reducción del uso de la prisión preventiva, entre otras estrategias.
Tres mil presos en comisarías. El Poder Ejecutivo provincial, al no poder resolver la sobrepoblación crítica carcelaria, opta por legitimar a las comisarías como lugares permanentes de alojamiento. El Ministerio de Justicia hizo un acuerdo con el Ministerio de Seguridad para mantener en tres mil el número de detenidos en comisarías. Cuando se exceda este tope deberá ser absorbido por el servicio penitenciario. Es decir que el Gobierno, en lugar de generar una política criminal que reduzca los niveles de encarcelamiento, establece un tope que permite que tres mil personas vivan en condiciones inhumanas provocadas por el hacinamiento extremo.
En diciembre de 2017 había 3.192 personas alojadas en estas dependencias en condiciones gravísimas. Estas condiciones fueron relevadas por distintos funcionarios judiciales. En el caso de la comisaría de San Andrés de Giles, observaron en junio de 2017 que “el ambiente no presenta iluminación ni ventilación natural, presentando una estructura eléctrica en precarias condiciones y con cables a la vista sobre la pared. (…) Las condiciones generales del lugar se evalúan precarias e inequívocamente insuficientes para la cantidad de personas alojadas en el sector”. En la Comisaria 1a de General Rodríguez, los magistrados constataron que existe un único baño afuera de las celdas, que se habilita durante 40 minutos al día para todos los detenidos. En la visita que realizó el CELS junto a la Defensoría de Casación a las comisarías, se observó que había celdas con cuatro camas, en las que se alojaba a 12 personas.
Esta situación fue denunciada en forma reiterada por el CELS y otros organismos ante la CIDH y en instancias judiciales locales, ya que es contraria a lo dictado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Verbitsky, que establece su inconstitucionalidad. También va en contra del último fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa de La Plata en noviembre de 2017, que suspendió cautelarmente la resolución 642/17 que había permitido el alojamiento en comisarías inhabilitadas.
Frente al estado crítico del sistema penitenciario, la Provincia prorrogó por segunda vez la emergencia penitenciaria. Pero, paradójicamente, para afrontar la sobrepoblación decide aumentar el hacinamiento.
*Publicada en el diario Perfil.