Hoy, un reclamo de personas detenidas en la comisaría 3 de Merlo provocó que se hable de una realidad que habitualmente se normaliza: la forma en la que el Estado administra los lugares de encierro está basada en la ilegalidad.
Según el parte policial de diciembre de 2017, esa comisaría tiene una clausura judicial que impide que sea usada como cárcel. Por lo tanto, sobre ese lugar pesan dos prohibiciones: la general que veda el alojamiento de detenidos en comisarías desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Verbitsky”, en 2005, que declaró que el encierro en estas dependencias es inconstitucional y la indicación específica de una autoridad judicial de que en la comisaría 3 de Merlo no pueden permanecer detenidos. Sin embargo, en diciembre de 2017 había 29 personas detenidas allí. Hoy había 26.
La política de control del delito se ha concentrado en encerrar a cada vez a más personas en las peores condiciones posibles. Como consecuencia la situación es la siguiente. En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 41.300 personas en cárceles, alcaidías y comisarías. De ellas, 3192 están en las dependencias policiales y la tendencia se mantiene en alza. La detención permanente en comisarías está prohibida porque viola todas y cada una de las reglas internacionales de derechos humanos. La prohíben decisiones judiciales y de organismos internacionales de protección -hay una cautelar de la CIDH vigente.
¿Qué significa esto? Que la retórica gubernamental sostiene una y otra vez que es necesario poner el cumplimiento de la ley como prioridad que organice la convivencia social pero esa lógica parece no aplicar al funcionamiento del aparato punitivo. Todo dentro de la ley y nada fuera de la ley mientras que no se trate de la forma en que el Estado administra sus lugares de encierro.
En noviembre de 2017, la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata ordenó al gobierno provincial suspender cautelarmente la resolución 642/14, que había permitido el alojamiento de detenidos en comisarías inhabilitadas, hasta tanto se resuelva el pedido del CELS y CIAJ para que se declare su inconstitucionalidad. Además, el tribunal ordenó que el gobierno encare un plan para transferir en forma progresiva a los detenidos a las cárceles y para que no ingresen más personas a las dependencias policiales. La decisiones de gobierno están yendo para otro lado.
Los números muestran la magnitud del problema.
La provincia de Buenos Aires viene aumentando su tasa de encarcelamiento a un ritmo inédito. Un 35% en los últimos 6 años. La consecuencia obvia de este incremento es el agravamiento de una crisis penitenciaria que, si bien es histórica, en los últimos años no para de empeorar. En un sistema estallado, desde comienzos de 2016 la tasa aumentó el 10%.
Entre 2012 y 2017 hubo un aumento de 12.359 detenidos, lo que hizo llegar al mayor número de detenidos de la historia bonaerense. Sin embargo, el sistema penitenciario bonaerense tiene lugar para alrededor de 23.000. Es decir, aloja el doble de su capacidad. No hay política de construcción que pueda absorber este incremento. Es fácil entender por qué se siguen usando las comisarías y se apuesta a violar la ley para sostener una política de encierro masivo.
En marzo de 2017, siete personas que estaban al cuidado del Estado murieron calcinadas en una comisaría de Pergamino. Ese hecho gravísimo no implicó una reorientación de la política. Hoy volvió a haber reclamos de personas a las que el Estado priva de su libertad, por presuntamente haber cometido una ilegalidad, en condiciones, paradójicamente, ilegales.