La Relatora Especial, Leilani Farha, presentó su informe sobre estrategias de vivienda ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el miércoles pasado. Es un documento atravesado por recomendaciones instrumentales sobre cómo lograr estrategias de intervención del Estado que sean protectoras de derechos, con buenos y malos ejemplos en cada apartado.
Incorporar perspectivas de derechos humanos implica, por ejemplo, dejar de concebir a la población objetivo de estas estrategias en términos de “beneficiarios”, para concebirla como titulares de derechos, sujetos activos que deben participar en las decisiones que afectan a sus vidas. También el informe indica que los reclamos en materia de derechos humanos permiten identificar las dinámicas estructurales que reproducen la vulneración del derecho a la vivienda, lo cual, a su vez, permite generar recursos efectivos para cambios estructurales.
“Las estrategias deben impedir que los propios sistemas de vivienda perpetúen y agraven la desigualdad socioeconómica y la exclusión”, dice el informe. Agrega que los actores privados deben ser sujeto de obligaciones respecto del derecho a la vivienda: “Los gobiernos no pueden limitarse a evitar los perjuicios que estos puedan causar adoptando, por ejemplo, medidas para prevenir demoliciones o desalojos ilegales. También deben velar por que las acciones de los actores e inversores privados se ajusten a la obligación del Estado de hacer efectivo el derecho a la vivienda”.
Con respecto a la Argentina, el informe destaca como buen ejemplo el Consenso Nacional para un Hábitat Digno (CNHD), una iniciativa del colectivo multisectorial Habitar Argentina que propone diez políticas públicas e instrumentos normativos y de gestión territorial para revertir el déficit habitacional en nuestro país.
También se refiere en el documento a la Ley de Acceso Justo al Hábitat (LAJH) de la Provincia de Buenos Aires, resaltando que impone obligaciones a los actores privados del sector inmobiliario y “permite aumentar los impuestos sobre los bienes cuando el valor de estos aumenta como consecuencia del desarrollo del barrio” logrado por decisiones del Estado.