La semana pasada se realizó una nueva audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el cumplimiento de su sentencia en el caso “Mendoza”. En 2008 la Corte ordenó: la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, la recomposición del ambiente en la cuenca y la prevención de daños futuros. Para evaluar el estado de avance convocó a las autoridades de la ACUMAR, del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos, la Auditoría General de la Nación y los miembros del Cuerpo Colegiado, formado por organizaciones sociales y ambientales.
La intervención de la Corte permitió un espacio de rendición de cuentas que hizo eje en los derechos a la salud y a la vivienda. Transcurridos diez años de la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en la implementación de las directrices establecidas en el fallo, lo que impacta en las más de cinco millones de personas que viven en la cuenca. Los resultados de la audiencia dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos.
En cuanto a las obras de saneamiento cloacal, se ejecutó un 37%, según la presidenta de la ACUMAR, Dorina Bonetti, y las obras no tienen fecha de finalización. Respecto de las viviendas, de las 17.771 soluciones habitacionales comprometidas en 2010, hoy a ochos años, se alcanzó un 22% de cumplimiento y el representante de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación no pudo precisar una fecha para alcanzar la totalidad. El juez Rossati señaló que a la falta de cumplimiento se suma el riesgo de que la situación empeore: el paso del tiempo retrasa aún más el logro de las metas.
La CSJN realizó numerosas e insistentes preguntas para conocer el estado de cumplimiento en materia de acceso a la salud. ACUMAR no realizó un mapa de riesgo ambiental y una evaluación integral de salud ambiental en las áreas de riesgo, hubo serios retrocesos y estancamientos en cuanto a la presencia de unidades sanitarias móviles, y de los laboratorios en los que se realizaban los estudios, sólo funciona el del Garrahan.
A partir de las preguntas de la Corte, la ACUMAR mostró su debilidad institucional e ineficacia para conducir un proceso político complejo y dar cumplimiento a la sentencia.
Destacamos, una vez más, que como viene sucediendo en las audiencias sobre el Riachuelo, la Corte niega la participación de las personas que viven en la cuenca. La imposibilidad de las personas afectadas de ser parte del proceso implica una violación en su derecho a acceder a la justicia.