Ayer expusimos en la primera audiencia para presentar argumentos sobre la legalización del aborto temprano en la Argentina. Hay 8 proyectos distintos que van a ser analizados. Durante la mañana de la primera jornada se pudo escuchar a 16 expositorxs que apoyan el texto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cuenta con la firma de 72 diputadxs. Al final, podían responder preguntas.
La audiencia comenzó alrededor de las 10 de la mañana y Gastón Chillier, el director ejecutivo del CELS, expuso a las 11. Antes de él hablaron Paola Bergallo, Andrés Gil Domínguez, Marta Alanis, Mariana Romero, Marcelo Alegre y Nelly Minyersky. Chillier sumó los aportes de los tratados y la jurisprudencia internacional de los derechos humanos. Señaló por un lado que quienes se suelen oponer a la legalización con argumentos legales, hacen una interpretación falaz y forzada del Derecho. Por otro, hizo hincapié en las violaciones de derechos que significa la respuesta penal del Estado a las interrupciones voluntarias de los embarazos: a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad, a estar libre de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la igualdad de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.
Mientras en la sala 2 del Anexo C del Congreso pasaban cada siete minutos las exposiciones, sobre la avenida Rivadavia los pañuelos verdes eran la escarapela común de las distintas organizaciones, militantes y autoconvocadas que festejaban el tratamiento en el plenario de comisiones. Es que esta es la séptima vez que la Campaña presenta el proyecto –que fue modificado desde la primera versión– y lo más lejos que había llegado en su tratamiento legislativo fue en 2014 cuando la Comisión de Legislación Penal lo puso en su agenda y quedó sin tratamiento. Ahora, la comisión cabecera de las cuatro que deben dictaminar es la de Legislación General, a cargo del diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky; las otras tres son Legislación Penal, Familia y Salud.
En 2014 presentamos junto con Amnistía Internacional Argentina y ELA una acción colectiva –entre otras acciones legales– contra el Ministerio de Salud de la Nación para que brinde todos los servicios necesarios para cumplir con las interrupciones de los embarazos admitidos en el artículo 86 del Código Penal, porque a pesar del fallo F.,A.L. los abortos legales son en la mayoría de los casos inaccesibles. Por otra parte, en 2016 –junto con Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto y la Secretaría de Género de Nuevo Encuentro CABA– denunciamos al Laboratorio Beta en la Comisión de Defensa de la Competencia por abuso de su posición monopólica. También pedimos a la ANMAT que reglamente el uso ginecológico del misoprostol. Mientras no se resuelve el acceso a este medicamento esencial para la OMS, el laboratorio sigue lucrando con la vida y la salud de las mujeres y el Estado no garantiza su accesibilidad.
Para el CELS fue importante transmitir a los y las diputadas presentes en el recinto lo que implica que se sostenga la penalización: no disuade a las mujeres de interrumpir sus embarazos no deseados, sólo los hace clandestinos y, la gran mayoría de las veces, inseguros. Se trata de un abordaje institucional discriminatorio porque impacta de forma peligrosa en las gestantes más jóvenes y pobres. Si necesitan recurrir a un centro de salud, se suelen encontrar frente a hechos de violencia institucional, expuestas a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Como en el caso Belén, en el que nos presentamos como amicus, provoca una criminalización sistemática de las mujeres que buscan asistencia médica ante una emergencia obstétrica. En su caso era un aborto espontáneo, pero la persecución penal alcanza a los espontáneos, inducidos, a un parto prematuro o alguna otra complicación del embarazo. Esta política pública las empuja a tener que optar entre la clandestinidad o la muerte, por el temor fundado a terminar presas.
Al final, Chillier cerró su exposición dirigiéndose al auditorio: “el Congreso tiene la oportunidad histórica de subsanar y reparar la desigualdad con los derechos de la mujer”.