Mientras en la Argentina se discute el inicio de negociaciones para una vuelta al FMI y la baja de subsidios a las empresas de servicios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia regional en la que doce organizaciones mostramos cómo la profundización de las políticas fiscales regresivas, acentúa la pobreza y la desigualdad. Se trata de políticas que benefician a los sectores privilegiados y castigan a la población de ingresos medios y bajos, en línea con otros países como Brasil, Colombia y Perú donde se ha recortado o congelado el gasto social con graves impactos en los derechos humanos.
Los países de América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo, desaprovechan el enorme potencial que tiene la política fiscal para lograr una redistribución equitativa de la riqueza, el goce de los derechos y la erradicación de la pobreza. Incluso algunos adoptan medidas que empeoran la situación de las personas más pobres. Mientras que en los países más ricos del mundo las herramientas fiscales –como transferencias e impuestos directos– reducen la brecha de los ingresos en un 36%, en los países latinoamericanos solo se reduce en un 6%.
En la Argentina, el Estado recorta el presupuesto de los programas sociales básicos mientras implementa reformas tributarias regresivas y sostiene privilegios fiscales. Por ejemplo, hubo recortes en las pensiones no contributivas para personas con discapacidad y una reducción en los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. También se reasignaron y sub ejecutaron fondos para las políticas de cuidado a la primera infancia, en un contexto en el que alrededor del 50% de las y los niños y adolescentes son pobres.
Por otro lado, hay un desfase entre los precios del suelo y el cobro del impuesto inmobiliario. En algunos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires los precios del suelo de los terrenos urbanos baldíos se multiplicaron por 26 entre 2006 y 2016, mientras el impuesto inmobiliario creció apenas 8 veces. La disminución del peso relativo de ese impuesto alienta los procesos especulativos con la tierra, lesiona la capacidad estatal de prestación de servicios y de inversión pública y afecta directamente el derecho a un hábitat digno de los sectores más vulnerables de la población. Es fundamental contar con una política fiscal orientada a redistribuir la renta del suelo a favor de las mayorías, a desincentivar la especulación y a alcanzar una mayor transparencia y disciplinamiento de los mercados.
La CIDH tiene un papel clave en orientar a los Estados sobre cómo hacer transversales los principios de derechos humanos en todo el ciclo de las políticas fiscales, desde el diseño y elaboración de las políticas tributarias, los presupuestos y la asignación y supervisión de gastos, hasta la evaluación posterior en materia de derechos.
Por eso las organizaciones que solicitamos la audiencia pedimos a la Comisión que, entre otras cosas, inste a los Estados a proveer información adecuada sobre sus políticas fiscales y convoque a las instituciones de derechos humanos de la región a involucrarse en el control de esas políticas. Las y los comisionados celebraron que por fin se aborden los temas económicos y de finanzas desde el paradigma de los derechos humanos.
Se puede ver la audiencia en este enlace y leer acá el resumen ejecutivo de la presentación conjunta que entregamos a la CIDH la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Center for Economic and Social Rights (CESR), Conectas Direitos Humanos, Dejusticia, Foro de la Sociedad Civil en Salud, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Justiça Global, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Plataforma DHESCA Brasil y el CELS, con el apoyo de Oxfam.