Comunicado conjunto
Las comunidades que reclaman el derecho a su territorio ancestral en la provincia de Salta desde hace décadas presentaron el 25 de mayo sus demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat vs. Argentina. Además, exigieron la reanudación urgente de los trabajos de delimitación y demarcación de sus tierras que el Estado paró sin justificación una vez que el caso llegó a la Corte IDH a principios de año.
La Asociación Lhaka Honhat y el CELS representamos a las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia de Salta. Estas comunidades cazadoras recolectoras reclaman que el Estado les entregue un título único de propiedad y traslade a las familias criollas y a su ganado a otros terrenos para poder garantizar su supervivencia física, social y cultural.
El 1 de febrero de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el caso al máximo tribunal regional por la persistente inacción estatal para garantizar los derechos de las comunidades indígenas y así cumplir con sus obligaciones internacionales. Desde entonces el Estado provincial detuvo los trabajos para demarcar 400.000 hectáreas de los ex lotes fiscales para su entrega a las comunidades, e incluso culpó a la Asociación Lhaka Honhat y a sus asesores por el cese de las labores.
Por ello, como hicimos saber a la Corte Interamericana, los caciques de las comunidades nucleadas en Lhaka Honhat –de los pueblos Wichí (Mataco), Iyojwaja (Chorote), Nivacklé (Chulupí), Qom (Toba) y Tapy’y (Tapiete)–, afirmaron en la asamblea realizada el 25 de abril de 2018 que “no existe razón alguna en esta instancia que justifique la interrupción de las acciones que el Estado debe realizar para garantizar nuestros derechos territoriales. Exigimos entonces que los trabajos se reanuden de inmediato”.
A la circulación de información falsa por parte de funcionarios provinciales, se sumó, justo antes de que venciera el plazo para enviar las demandas a la Corte IDH, la detención de uno de los referentes de la Asociación Lhaka Honhat durante la represión de una protesta de las comunidades por las condiciones de precariedad extrema en las que viven desde las inundaciones del río Pilcomayo. Fue liberado casi dos días después pero la causa penal en su contra sigue abierta.
En la presentación que hicimos ante la Corte IDH, demostramos que el Estado argentino es responsable de la violación de numerosos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la propiedad comunitaria y a la identidad cultural. Solicitamos reparaciones que incluyen la entrega del título colectivo a nombre de todas las comunidades, la provisión de agua potable en el territorio, la realización de obras para el traslado del ganado de las familias criollas, la remoción de los alambrados que han perturbado la forma tradicional de vida de las comunidades y la detención de la tala ilegal, entre otras. También pedimos medidas estructurales de reparación para asegurar que estas violaciones no se repitan, como la sanción e implementación de normas y la creación de mecanismos institucionales para garantizar el acceso a la propiedad comunitaria y a la consulta libre, previa e informada sobre obras en las tierras de los pueblos indígenas de la Argentina.
El Estado tendrá dos meses para responder a las demandas de las comunidades una vez que la Corte IDH le remita nuestra presentación.
Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat
CELS