El viernes 11 de mayo comenzó el juicio oral contra seis agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) acusados de detener ilegalmente y torturar a dos jóvenes en septiembre de 2016. El Tribunal Oral en lo Criminal 9 tiene a su cargo el debate. La Garganta Poderosa y el CELS representan a las dos víctimas.
La noche del 24 de septiembre de 2016 Iván Navarro vio que agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) habían detenido a Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, en la villa 21-24 de Barracas, CABA. Iván se acercó para saber qué estaba pasando. De inmediato, los agentes de la PFA le pidieron documento y lo requisaron. Minutos después, llegaron al lugar cinco móviles de la PNA con más de 20 prefectos. Lo que siguió fue un ejemplo de las rutinas de hostigamiento, detenciones ilegales, golpes y, en algunos casos, torturas que los efectivos de la PNA vienen desplegando en la zona de Barracas en los últimos años. Los dos jóvenes fueron esposados y trasladados hacia un destacamento de la Prefectura, ubicado a pocas cuadras. Ezequiel fue llevado al interior de la garita, donde lo golpearon y amenazaron. Dentro de uno de los móviles, Iván también fue golpeado. Después de esta primera sesión de tortura, los dos jóvenes fueron trasladados a un descampado frente al Riachuelo. En ese lugar fueron nuevamente sometidos a torturas y humillaciones, y el robo de varias de sus pertenencias. Los golpes siguieron durante varios minutos hasta que comenzaron los simulacros de fusilamiento. Luego los dejaron ir.
Existen numerosos hechos como este que permanecen en el anonimato, sobre todo por el miedo que tienen los jóvenes a las represalias de los efectivos de la fuerza. Pero en este caso la intervención de La Garganta Poderosa permitió visibilizar la actuación de los prefectos. Durante los primeros días los efectivos de la PNA estuvieron prófugos de la justicia luego de pedir licencia médica y ausentarse de sus puestos de trabajo. Cuando la jueza ordenó su detención, fueron a buscarlos a sus domicilios, donde ninguno de ellos fue hallado. Mientras la denuncia pública se difundía en los medios, el Ministerio de Seguridad de la Nación no dio respuesta y minimizó el caso. Cuando los prefectos fueron procesados, el Ministerio decidió cesantearlos de la fuerza. Sin embargo, no se avanzó en la investigación interna de lo sucedido y, lo que es más grave, no se tomó ninguna medida para evitar la reiteración de este tipo de episodios. Para el Ministerio se trataba de seis “manzanas podridas”. Sin embargo, los casos de hostigamiento y golpes en la zona han persistido y de hecho las denuncias han aumentado en los últimos meses, con la llegada de más prefectos al barrio. Hoy la Prefectura no rinde cuenta de sus acciones en Zavaleta y la Villa 21-24.
El caso de Iván y Ezequiel es muy importante en el contexto actual, no sólo por la búsqueda de justicia para los jóvenes, sino porque es una oportunidad de visibilizar la impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad en los barrios pobres cuando las autoridades políticas desarman los controles e insisten con mensajes que convalidan las actuaciones de sus efectivos, sin importar si estas son o no legales o si violan los derechos humanos de las personas de los sectores más vulnerables.