La situación de sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías de la provincia de Buenos Aires es cada vez más grave. En 2014 el ex ministro Alejandro Granados sacó una resolución ministerial que habilitaba el alojamiento de detenidos en calabozos de las comisarías provinciales, pese a la prohibición que ya había sido estipulada en el “fallo Verbitsky” de la CSJN en 2005. El CELS y el CIAJ presentaron una acción judicial para que la resolución fuera derogada.
Esa presentación motivó que en noviembre de 2017 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendiera la resolución 642/2014 y determinara que las comisarías no reunían las condiciones necesarias para alojar a detenidos. Además, le ordenó al Poder Ejecutivo desalojar a las personas que se encontraban privadas de su libertad en esas dependencias y prohibió que se alojen allí nuevos detenidos.
Hasta el momento el Estado provincial no tomó ninguna medida ni mostró un plan de desalojo que muestre su voluntad de seguir el mandato judicial. El gobierno, incluso, presentó un informe en el expediente donde señala como inviable el cumplimiento de la orden judicial en el corto plazo. Esta respuesta motivó que la jueza convoque al ministro de Seguridad y de Justicia a la próxima audiencia para dar explicaciones sobre el incumplimiento del fallo.
En la provincia de Buenos Aires hay cada vez más personas alojadas en comisarías. Actualmente son 3695 los detenidos en condiciones inhumanas. Solo en los últimos cinco años se sumaron 2099 personas; esto representa un crecimiento del 132%. El propio Ministerio de Seguridad fijó su cupo en función de la cantidad de camastros: 1003. La sobrepoblación actual, según ese dato, es de 268%. Es decir que hay dos veces y media más detenidos que la capacidad de alojamiento que fija el propio Estado.
El gobierno, sin embargo, continúa manteniendo una política criminal que agrava esta situación. En abril de este año, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto legislativo para sancionar un nuevo Código Procesal Penal que presenta cuestiones que recrudecen la política criminal de encierro desmedido. Principalmente, establece la prisión preventiva con carácter obligatorio en diez categorías delitos. También impulsa la reforma de la Ley de Ejecución Penal provincial 12.526 para limitar las salidas anticipadas a condenados por un abanico amplio de delitos. Estas propuestas tienden a reducir las posibilidades de las personas imputadas de estar en libertad durante el proceso penal y a quienes están condenadas, de reintegrarse a la sociedad de manera paulatina.
Así, por un lado, el Poder Ejecutivo provincial se declara incompetente para dar respuesta al alojamiento en dependencias policiales. Pero, por otro lado, impulsa reformas legislativas y medidas de endurecimiento punitivas que tienen consecuencias directas sobre el sistema de encierro penal. En síntesis, no asume su responsabilidad en el marcado crecimiento del número de personas encarceladas y las gravísimas condiciones a las que se encuentran sometidas, sobre todo aquellas que se encuentran en dependencias policiales.