Con la presencia de legisladores que integran distintos bloques políticos y especialistas en temas de defensa y seguridad, presentamos en la cámara de diputados el documento Involucrar a las fuerzas armadas en seguridad interior es desprofesionalizarlas y poner en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos. Las y los legisladores presentes compartieron las preocupaciones de las organizaciones convocantes -el Grupo Convergencia XXI, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y el CELS.
Ernesto López, especialista firmante del documento, sostuvo que la demarcación entre Defensa y Seguridad es “un consenso multipartidario muy sólido, quizás el más importante que se construyó desde 1983” y remarcó que en ausencia de un debate sobre la defensa nacional, “se está avanzando hacia la construcción de un enemigo interno”.
Rut Diamint, experta en temas de política internacional, defensa y seguridad, planteó los problemas más graves de las posibles reformas al marco normativo: que se desestime la legislación existente sin los mecanismos que se necesitan para revisarla, que se tomen decisiones quitándole al Congreso la posibilidad de discutir cuáles son las funciones de Defensa y la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas que están entrenadas para cierto tipo de misiones con un tipo de armamento específico para la Defensa y no para trabajar en temas de seguridad pública en interacción con los ciudadanos. Diamint enfatizó que utilizar a las Fuerzas Armadas no contribuye a mejorar el entrenamiento de las fuerzas policiales, favorece que las FF. AA vuelvan a hacer tareas de inteligencia y que en todos los países en los que se ha implementado “no ha mejorado la seguridad pública y fueron abusados los derechos de los ciudadanos”.
Juan Gabriel Tokatlian, especialista tanto en temas de política internacional como de políticas de drogas, aclaró que “nadie dice que el narcotráfico y el terrorismo no son problemas, pero se expresan de manera muy distinta en países y regiones. Y Argentina no ha vivido ni vive en estos dos temas algo que reclame un cambio en temas de defensa y seguridad. Si vamos por donde nos quiere llevar el gobierno vamos a terminar convirtiendo a nuestras Fuerzas Armadas en combatientes del crimen, redefiniendo la política de defensa”.
Luego, integrantes de los distintos bloques políticos coincidieron con los principales planteos de los especialistas. El diputado Daniel Arroyo remarcó que en un contexto de aumento de la conflictividad social “da la impresión de que la resolución el gobierno la imagina con golpes y tiros. Vamos a un esquema de mayor represión. El diputado Leonardo Grosso se refirió a las consecuencias que ha tenido la militarización en los países de la región en los que se la implementó: “30 mil desparecidos en México y el asesinato de Marielle Franco en Brasil. La militarización no resuelve los problemas de seguridad y empieza a desdibujar el rol de las Fuerzas Armadas”, agregó.
La diputada Mónica Macha manifestó su preocupación ante el hecho de que “el consenso de la democracia esté en peligro”. Nilda Garré, actual diputada y ex ministra de Defensa y de Seguridad, llamó la atención sobre la tendencia del gobierno a “agregar más poder letal, para controlar y reprimir la protesta social”. “Estamos más preocupados que nunca, había quedado muy clara la demarcación entre seguridad y defensa, que nos permitió el gobierno civil de las Fuerzas Armadas, y que se profesionalizaran para su objetivo que es la disuación frente a un ataque externo”. Otros legisladores presentes, entre ellos Juan Cabandié, Horacio Pietragalla y Guillermo Carmona, coincidieron con el diagnóstico.
Finalmente, las y los legisladores convocaron a continuar el debate en el ámbito del Congreso de cara a posibles reformas del marco normativo que establece la demarcación entre Defensa y Seguridad y a dar seguimiento a las acciones del gobierno nacional que expresan un política represiva creciente.
Foto: Javier Valente, por favor citar la fuente.