La policía de Córdoba desalojó y destruyó todas las viviendas de los habitantes del barrio Parque Esperanza, ubicado en la localidad de Juárez Celman, a pocos kilómetros de la capital provincial. 120 familias quedaron sin vivienda, en su gran mayoría mujeres y niños.
Ni el gobierno provincial ni el poder judicial hicieron gestiones para encontrar una salida al conflicto que contemplara la situación de vulnerabilidad de las familias instaladas en la zona hace más de cuatro años. Además, desconocieron el debate político que está ocurriendo en el Congreso Nacional que busca regularizar e integrar a la gran mayoría de los asentamientos informales del país.
El mes pasado se presentó un mes un proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos de todos los barrios del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), y suspende los desalojos por dos años. El proyecto se encuentra en pleno debate en la cámara de diputados y se espera que se apruebe con amplia mayoría en las próximas semanas. El barrio Parque Esperanza está incluido en el RENABAP. Por lo tanto, el violento desalojo se produce a contramano de un amplio consenso político sobre la necesidad de avanzar en la regularización e integración de los más de 4800 asentamientos informales que existen en todo el todo el país y en el reconocimiento del derecho a una vivienda digna de las familias que los habitan.
El gobierno nacional debe acordar con las provincias mecanismos para evitar los desalojos hasta que el proyecto de expropiación y regularización sea transformado en ley. De otra forma, no se podrá contrarrestar la presión que los especuladores inmobiliarios ejercen sobre los funcionarios políticos y judiciales que se traduce en operativos policiales violentos.