Los Estados de la ONU concluyeron recientemente las negociaciones del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Este acuerdo inédito a nivel internacional establece los contenidos mínimos y la estructura institucional para la implementación coordinada de políticas migratorias en todo el mundo.
En el Pacto conviven dos miradas distintas. Por un lado, la del control de la migración, que prevalece en el mundo, con consecuencias gravísimas. Por otro, aquella basada en los derechos de los migrantes.
En esta tensión, el acuerdo habilita medidas destinadas a reducir y prevenir la migración. Su objetivo 11, por ejemplo, establece el compromiso de “gestionar nuestras fronteras nacionales de manera coordinada (…) garantizando la seguridad de los Estados, las comunidades y los migrantes, y facilitando los movimientos transfronterizos seguros y regulares de las personas y evitando la migración irregular”. La detención fue legitimada como instrumento de política migratoria, a pesar del entendimiento de que se trata de una medida de último recurso y del compromiso de trabajar para promover alternativas. La deportación también tiene un lugar preponderante en el texto, cuyo objetivo 21 es “cooperar para facilitar el regreso y la readmisión seguro y digno, así como la reintegración sostenible”, con insuficiente determinación de los criterios que impedirían estas expulsiones. Además, quedó muy acotado el concepto de no criminalización de la migración irregular. En estos aspectos, el Pacto no alcanzó plasmar los más altos estándares internacionales.
Al mismo tiempo, los Estados se comprometieron a “salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados con respecto a migrantes desaparecidos”. Se logró avanzar en compromisos para la ampliación de los canales migratorios regulares, incluyendo la posibilidad de utilizar criterios humanitarios, vinculados a desastres naturales, al cambio climático y a la reunificación familiar. Uno de los aspectos más alentadores del texto es el compromiso de los Estados con la protección de migrantes en situación de vulnerabilidad, al reconocer que esta condición puede derivarse de las circunstancias del viaje o del contexto enfrentado tanto en el país de origen, como en el de tránsito y de destino. De manera contundente, el Pacto establece el compromiso de “respetar el interés superior del niño en todo momento, como consideración prioritaria en situaciones que involucren a niñas y niños”. En sentido semejante, señala la relevancia de las políticas destinadas a asistir a mujeres migrantes en riesgo, integrantes de minorías étnicas o religiosas, víctimas de violencia, incluida la sexual y de género, personas mayores, personas con discapacidad, víctimas de discriminación, personas indígenas, víctimas de explotación laboral, trabajadoras domésticas y víctimas de trata y tráfico de personas, independientemente de su estatus migratorio. El Pacto destaca como buena práctica que los migrantes en situación irregular tengan acceso a un mecanismo para la evaluación individual de su situación, con garantías del debido proceso y pudiendo resultar en la concesión de un estatus regular; así como el desarrollo de procedimientos que faciliten el cambio de categoría migratoria. Finalmente, el texto establece un compromiso con la garantía de que “todos los migrantes, independientemente de su estado migratorio, puedan ejercer sus derechos humanos a través de un acceso seguro a los servicios básicos”.
Dado el contexto internacional de creciente xenofobia y nacionalismo, estos últimos son avances importantes, a pesar de sus límites y ambigüedades. Especialmente, en un contexto en el que países como Estados Unidos, Hungría y Australia declararon que no van a adherir al acuerdo, que consideran “extremista” y contrario a sus intereses nacionales soberanos.
El texto será formalmente adoptado en la sesión de septiembre de la Asamblea General y firmado en una Conferencia Intergubernamental en Marrakech en diciembre de este año. Tras su adopción formal, habrá mucho por hacer para asegurar que en el seguimiento e implementación del Pacto se promuevan políticas migratorias que avancen en la protección de derechos. Es imprescindible que los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos tengan un rol determinante en este proceso y que actores con experiencia y legitimidad local participen activamente para que los compromisos asumidos tengan impacto concreto.
Foto: Délmagyarország/Schmidt Andrea