El 28 de agosto comienza el juicio oral por el asesinato de Javier Chocobar, miembro de la comunidad diaguita Los Chuschagasta. El proceso estará a cargo de la Cámara Penal Sala IV de Tucumán.
Javier Chocobar fue asesinado en 2009 en el marco de un conflicto por las tierras que habitaba la comunidad en el departamento Las Trancas, en Tucumán. Las tierras están relevadas y reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como territorio de ocupación actual, tradicional, pública por parte de la comunidad. A pesar de este reconocimiento, la comunidad sufría amenazas y ataques violentos desde hace décadas por parte de una familia de apellido Amín, que reclamaba la propiedad de las tierras para explotar una cantera de piedra laja.
El 12 de octubre de 2009, Darío Amín, junto con dos ex policías, Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso Sassi, entraron al territorio y atacaron con armas de fuego a alrededor de 30 integrantes de la comunidad, que defendían su territorio en forma pacífica. Entre ellos había ancianos, mujeres y niños. Como resultado de este ataque fueron heridos de gravedad el actual cacique de la comunidad, Andrés Mamaní, y su hermano, y fue asesinado Javier Chocobar, de 68 años.
El asesinato de Chocobar es un caso paradigmático de la vulneración de derechos que viven las comunidades indígenas en la Argentina y muestra los obstáculos que encuentran para habitar y trabajar su tierra en forma segura. Ante la desprotección y la indiferencia del Estado, vienen siendo objeto de acciones violentas y, como resultado, perdieron a un miembro de su comunidad. El Poder Judicial, por otra parte, demoró casi 9 años el inicio del juicio oral, en una muestra más del accionar discriminatorio que caracteriza al funcionamiento de ese poder respecto de la población indígena. Es indispensable que la comunidad obtenga justicia y se sancionen a los responsables de la muerte de Javier Chocobar.
El caso muestra, además, que el relevamiento de los territorios de ocupación indígena previsto en la Ley 26160 es un paso necesario, pero no suficiente para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia. Resulta fundamental y urgente avanzar en la sanción de una ley que regule la propiedad comunitaria, reconocida por la Constitución Nacional, y en procesos de titulación comunitaria.