La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está discutiendo un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para reformar el Código de Contravenciones de la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta amplía las facultades de la Policía de la Ciudad y agrega nuevas restricciones que pueden afectar negativamente a quienes trabajan en el espacio público y a ciertas prácticas artísticas, culturales y políticas.
De este modo, a la hora de resolver conflictos de convivencia urbana tiene preponderancia un enfoque de seguridad y orden público que amplía las conductas que serán entendidas como “incivilidades” y a las que se abordará con mirada policial.
En la ciudad de Buenos Aires, estos debates tienen una larga historia. A principios de 2016, el fallo “Vera” del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) convalidó las detenciones policiales sin orden judicial y con fines identificatorios. De aprobarse, la reforma del Código alimentará prácticas policiales frecuentes como las detenciones arbitrarias de quienes trabajan en las calles o son vistos como “peligrosos”.
1. Ampliación de las facultades policiales para la detención
El proyecto amplía las facultades de la Policía para detener sin una orden judicial con el fin de hacer cesar una contravención, al eliminar la obligación que tiene el/la policía de realizar una advertencia previa al uso de la fuerza. Esta modificación sería contraria a la Ley de Seguridad Integral de la Ciudad que establece que el personal policial debe identificarse y dar una advertencia antes de utilizar la fuerza.
La propuesta también agrega que las denuncias anónimas sean recibidas por el o la fiscal y por la autoridad encargada de la prevención, y que inmediatamente se labre un acta. Las denuncias anónimas distorsionan y, entre otros efectos, pueden ser utilizadas para generar causas armadas.
De manera sorprendente, el proyecto afirma que las denuncias anónimas son una respuesta a la violencia machista. Si de eso se trata, el Estado debería, con urgencia, desarrollar y fortalecer dispositivos y mecanismos de protección adecuados para proteger a quienes denuncian porque están en riesgo. En reiteradas ocasiones, el proyecto hace referencia al objetivo de proteger a las mujeres de situaciones de acoso y violencia en el espacio público. Sin embargo, el incremento de las sanciones no hará por sí solo que la ciudad sea un lugar seguro para todas las mujeres y las personas LGBTIQ. En ese sentido, sería deseable que esta preocupación de los/as legisladores sea transversal a todas las políticas que se proponen ya que dentro del mismo proyecto de reforma del Código hay medidas que las/os afectan negativamente como el aumento de la persecución a las trabajadoras sexuales y a los/as trabajadores de la economía popular.
La creación de nuevas contravenciones y el agravamiento de las penas de otras figuras también pueden derivar en un aumento de la discrecionalidad policial.
2. Agravamiento de penas sobre trabajadores informales
El proyecto incorpora la limpieza de vidrios de automóviles como contravención y amplía las acciones penadas relacionadas con las tareas de las personas que cuidan coches: dar indicaciones, cuidar coches, reservar lugares, ya sea de forma gratuita, onerosa o a cambio de una retribución voluntaria, conformarían una contravención. Esta medida seguramente incrementará la cantidad de personas aprehendidas y pueda dar una supuesta tranquilidad a vecinos de ciertas zonas de la ciudad pero difícilmente desarme las redes extorsivas que se denuncian tras de estas actividades en la que muchas veces la policía está involucrada por acción u omisión. En todo caso, como se sabe, estas modificaciones normativas encarecen el mercado ilegal y dan lugar a mayores extorsiones.
De este modo, en un contexto de crisis económica el Gobierno de la Ciudad, en lugar de extender las redes de contención y asistencia, propone medidas que de implementarse aumentarán la persecución policial y la criminalización de los sectores populares.
3. Uso restrictivo y represivo del espacio público
La propuesta establece que fijar o hacer fijar carteles o volantes es una contravención que debe ser sancionada con arresto y decomiso de los materiales. También plantea que los ruidos molestos que provengan de la vía pública constituyen contravenciones, agrava las sanciones y agrega la sanción de clausura cuando los ruidos molestos sean realizados por una persona de existencia ideal. Estas modificaciones podrían perseguir actividades realizadas por organizaciones políticas, sociales o culturales, centros culturales y trabajadores/as sexuales.
Foto: MAFIA