El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que debido a la sobrepoblación de cárceles y comisarías otorgará 1.500 prisiones domiciliarias monitoreadas con pulseras electrónicas.
Se trata de una medida positiva para mejorar las condiciones de detención, sobre todo cuando se utiliza para resolver la situación de colectivos vulnerables, como es el caso de las mujeres embarazadas, las y los enfermos y las madres con niños pequeños. El uso de este tipo de medidas alternativas a la prisión es sugerido por actores internacionales. De hecho, luego de su visita a la Argentina, el Grupo de Detenciones arbitrarias de Naciones Unidas recomendó que se apliquen de forma amplia y eficiente.
Sin embargo, este anuncio es insuficiente para resolver la crisis de hacinamiento y sobrepoblación que atraviesa el sistema de encierro penal provincial. Hoy, hay 44.231 personas detenidas en comisarías, alcaidías y unidades penitenciarias. Esto significa que, incluso tomando los datos del Ministerio de Justicia, hay 12.000 detenidos más que lo establecido por el cupo oficial. Alrededor de 4.000 detenidos se agregan cada año, lo que profundiza la crisis. Al mismo tiempo, el alojamiento en comisarías alcanzó en julio la cifra de 3.393 personas, de las cuales 1.200 están en dependencias que tienen dictada una clausura judicial.
Es decir que nos encontramos en una situación en la que las autoridades anuncian una medida que saben que es insuficiente para resolver la crisis humanitaria que vive hoy el sistema de encierro bonaerense mientras dan continuidad a una política criminal basada en el encarcelamiento como principal respuesta a los problemas de seguridad, en reformas legislativas regresivas y en presionar a los jueces para que no otorguen libertades.
Por otra parte, esta decisión gubernamental surge a partir de la resolución del juez Eduardo Eskenazi, del Juzgado Correccional n° 2 de La Plata, en la que establece la creación de un comité de crisis para desarrollar un plan que permita descender los niveles de sobrepoblación. Desde hace dos años, el CELS junto con la Comisión Provincial de la Memoria y la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires solicitamos a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que intervenga de forma urgente para dar una respuesta judicial efectiva al problema de la sobrepoblación y ordene al gobierno que tome medidas efectivas. El impacto sería mucho mayor si la decisión proviniera del máximo tribunal superior.
Foto: CELS/2017.