La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aceptó el recurso presentado por el CELS y la querella que representa a Sergio Maldonado. La Cámara Federal de Casación Penal de la Nación deberá resolver sobre el fallo que habilitó la utilización de las intervenciones telefónicas a Sergio Maldonado y otros testigos de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Además, el CELS solicitó que se incorpore a la causa el informe realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Luego de la recusación del juez Guido Otranto, el nuevo magistrado interviniente en la causa que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, Gustavo Lleral, ordenó el fin de las intervenciones telefónicas y su destrucción. La fiscal Silvina Ávila apeló esta decisión y el 6 de agosto de este año la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia validó las decisiones tomadas por Otranto que dispusieron las intervenciones telefónicas de los testigos Sergio Maldonado, Claudina Pilquiman, Ariel Garzi y de otra no era testigo.
La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia no está debidamente argumentada y genera un preocupante antecedente para este tipo de técnicas de investigación. El Código Procesal Penal exige que las personas “escuchadas” sean imputadas en la causa que da lugar a la investigación. La argumentación contiene numerosas contradicciones y justifica una medida violatoria de la Constitución Nacional sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Sin control este tipo de medidas de prueba vulneran el derecho a la intimidad y la privacidad de las personas, se debilitan los principios de debido proceso y defensa en juicio que buscan proteger.
El diario Página 12 publicó el informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación como cierre de su participación en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. La PROCUVIN propuso numerosas medidas de prueba y tuvo acceso al expediente judicial. El informe realizado puede resultar un material valioso para la investigación y el análisis de las responsabilidades del operativo represivo ocurrido el 1 de agosto en Chubut. Por estos motivos las querellas del CELS y la APDH solicitaron que sean incorporados al expediente. La fiscal Ávila debe resolver este pedido.
Foto M.A.F.I.A