El 19 de septiembre el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria presentamos un pedido a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para que resuelva la constitucionalidad de la Ley 14.442 de Autonomía de la Defensa Pública.
El 26 de febrero de 2013, la legislatura sancionó una ley que modificaba la estructura de la Procuración General de la provincia para dar mayor independencia al Ministerio Público de la Defensa y así fortalecer su trabajo. La Defensa Pública provincial depende de la Procuración, que también es la máxima autoridad de los fiscales. En general ocurre que quien está a cargo de la Procuración privilegia las directivas de política criminal para fiscales y debilita el accionar de la defensa pública. La ley 14.442 establecía la creación del cargo de Defensor/a General, que orientaría la política de defensa provincial y generaría herramientas y estrategias específicas para desarrollar ese rol de manera más eficaz.
Antes de que entrara en vigencia, María del Carmen Falbo, la procuradora en ese momento, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de la provincia y pidió que se prohíba la implementación de la Ley 14.442 hasta que la Suprema Corte resolviera su pedido. La Corte rechazó la cautelar, ordenó que la procuradora siga a cargo de las cuestiones administrativas de la defensa pública, pero no se pronunció sobre el pedido de inconstitucionalidad ni sobre la implementación de la ley. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las autoridades a cargo de la Procuración General, ni en la gestión anterior ni en la actual, avanzaron en su puesta en práctica.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya recomendó en su 5to Informe sobre la Argentina, que el Estado “debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que la Defensa Pública Federal y las Provinciales dispongan de los recursos necesarios, así como autonomía funcional y presupuestaria respecto a otros órganos del Estado, para poder desempeñar sus funciones eficazmente”. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remarcó que se debe garantizar “la independencia institucional de las Defensorías Públicas” para evitar “los riesgos que produce su adscripción a otro poder u órgano de la administración de justicia”, como ocurre en este caso.
En un contexto de crisis humanitaria del sistema penal de encierro, por la situación de sobrepoblación y hacinamiento que viven las personas detenidas en cárceles y comisarías de la provincia, es necesario que exista una defensa pública autónoma y fuerte. El aumento constante en la cantidad de personas detenidas en la provincia, en su mayoría sin sentencia de condena firme y algunas de ellas por delitos menores, requiere de una defensa pública que pueda resistir el encarcelamiento masivo y genere medidas de protección ante la violación de los derechos humanos.