Al anochecer del lunes 3 de septiembre, en la localidad de Sáenz Peña, en el Chaco, un grupo de personas intentó ingresar a un supermercado, en un contexto de agravamiento de la crisis económica. Había armas de fuego tanto en manos de quienes pretendían obtener alimentos como de quienes buscaban proteger los comercios. Ismael Ramírez, de 14 años, y su hermano Daniel, de 13 años, atravesaron caminando la esquina en la que distintos grupos se enfrentaban, en presencia de las fuerzas de seguridad provinciales. Daniel contó: “De casualidad pasábamos frente al supermercado cuando de repente escuché un tiro. Miré al costado y mi hermano ya estaba tirado. Le hablé y le hablé, pero no me respondía. Los vecinos llamaron a la ambulancia en vano porque la Policía no dejó que pasara. Al llegar al hospital no lo pudieron salvar”. Según los testigos, el niño fue alcanzado por el disparo realizado por un particular, propietario de un comercio, quien, según informó Mario Piccoli, abogado de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco que representa a la familia Ramírez, es un agente retirado de la Policía Federal Argentina. Otro niño de 14 años también fue herido por una bala de plomo en el rostro, y se está recuperando. Luego de la muerte de Ismael, la policía provincial ingresó a casas del barrio, en una suerte de razzia, y detuvo a personas que no habían participado de los incidentes en el supermercado.
En los días posteriores, cuando el hecho se difundió tuvieron lugar un conjunto de situaciones preocupantes. Por un lado, que la policía provincial no fue apartada de la investigación de la muerte, tal como debería ocurrir al estar involucrada en la situación en la que se produjo. Por otro, rápidamente funcionarios provinciales realizaron afirmaciones en los medios de comunicación sobre el tipo de arma utilizada, cuestión que no es posible de ser determinada en pocas horas y sin el trabajo pericial correspondiente. La gravedad de lo ocurrido requiere una investigación seria e imparcial que determine la verdad e identifique a sus responsables.
Lamentablemente, lo que pasó el lunes en el Chaco es un tipo de hecho recurrente en nuestro país cuando las crisis económicas y sociales se agravan. Se trata de situaciones en las que se evidencia la circulación de armas de fuego y, en muchos casos, su uso para defender la propiedad privada. Por eso, en este contexto de deterioro económico es indispensable una respuesta estatal que privilegie la resolución de los conflictos de fondo, que se implementen políticas para reducir la tenencia de armas y que cuando se decide dar intervención a las fuerzas de seguridad sea con el fin exclusivo de proteger la vida y, por lo tanto, con la indicación de realizar operativos que reduzcan la violencia y eviten las consecuencias fatales.
Imagen: La Garganta Poderosa