El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal condenó a seis integrantes de la Prefectura Naval Argentina a penas de entre diez y ocho años por encontrarlos culpables de haber torturado a los jóvenes Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya en septiembre de 2016. Las querellas estuvieron a cargo de Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, por La Poderosa, y Agustina Lloret y Florencia Sotelo, por el CELS.
Los condenados fueron Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez y Osvaldo Alberto Ertel a 10 años y seis meses de prisión y Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Yamil Marsilli a 8 años y 11 meses. En todos los casos fueron condenados por los delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y robo agravado y calificado.
El proceso judicial que hoy concluyó mostró las prácticas policiales de hostigamiento y humillaciones que sufren cotidianamente los jóvenes de la Villa 21-24 y de Zavaleta, y que en algunos casos llega a situaciones extremas como las torturas que sufrieron Iván y Ezequiel. La mayor parte de estos hechos quedan impunes porque no son conocidos ni denunciados. Pero en este caso ocurrió algo diferente, gracias a la presencia de una organización como La Poderosa con capacidad para visibilizar el hecho y a funcionarios judiciales que desde el primer momento se tomaron en serio lo que los jóvenes contaron y las múltiples evidencias que apuntaban a la veracidad de sus testimonios. Esto permitió recolectar prueba sólida y contundente que demuestra la participación de los imputados y su responsabilidad penal en los hechos.
En los dos años trascurridos desde aquella noche en que Iván y Ezequiel fueron torturados, en un destacamento de la Prefectura y en la orilla del Riachuelo, la situación de violencia policial en el barrio empeoró. El Ministerio de Seguridad de la Nación, autoridad política que debería controlar la actuación de la Prefectura, no tomó ninguna medida para evitar la reiteración de los abusos en la zona. Los prefectos se siguen moviendo sin control alguno. Las organizaciones reciben decenas de denuncias de detenciones arbitrarias, causas armadas, golpes y humillaciones. La escalada de violencia de los prefectos desembocó hace pocas semanas en el asesinato de Cristopher Rego, un joven de 26 años a quien un prefecto disparó aparentemente porque no se detuvo en un control vehicular. Hoy, mientras tenía lugar la última jornada del juicio, los familiares de Ezequiel Demonty realizaban un homenaje en su memoria en la orilla del Riachuelo porque se cumplen 16 años del día en el que policías de la Federal llevaron a tres jóvenes a ese lugar, los torturaron y los obligaron a saltar. Demonty, que tenía 19 años, no pudo salir del agua y falleció.
Esta violencia la sufrieron también Iván y Ezequiel en su calidad de víctimas y testigos, ya que fueron intimidados en más de una oportunidad por efectivos de la fuerza en el barrio. Incluso los propios funcionarios judiciales, tuvieron que soportar que durante la inspección ocular a orillas del Riachuelo se hiciera presente un grupo de prefectos fuertemente armados en actitud amenazante. Esto afectó a los jóvenes y sus familias allí presentes.
A pesar de que el descontrol de la fuerza resulta evidente en los relatos cotidianos y en la decisión del Tribunal, y si bien el Ministerio de Seguridad de la Nación dio de baja a los seis prefectos hoy condenados, nada hizo la autoridad política por modificar sus rutinas violentas. Las relaciones problemáticas entre prefectos y jóvenes en el barrio no aparecen como una preocupación de las autoridades. El resultado es la persistencia y la intensificación de la violencia institucional en la zona sur de la ciudad.