La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está debatiendo los proyectos de Código Urbanístico y de Código de Edificación presentados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad. Frente a la crítica situación que en materia de vivienda atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, la elaboración de estas normas podría haber sido una excelente oportunidad para abrir un proceso democrático y participativo que buscara ampliar el acceso a los derechos sociales y ambientales. Sin embargo, tanto los contenidos del Código Urbano como el pobre proceso de debate dispuesto por el GCBA expresan una política urbana que no asume un enfoque de derechos ni propone soluciones innovadoras. Por el contrario, se trata de una actualización de aspectos reglamentarios de la morfología urbana que sostienen el espíritu del antiguo Código de Planificación Urbana: promover un proceso continuo de renovación basado en la sustitución edilicia que tiene como finalidad sostener la dinámica del mercado inmobiliario de la ciudad, dinámica que está centrada en la maximización de la renta.
La aprobación del Código modelará las diferentes zonas de la ciudad con nuevas nomenclaturas de áreas e indicadores morfológicos para la construcción de edificios, pero sostendrá la vieja lógica dominante en la política urbana porteña que privilegia los intereses mercantiles por sobre los de la calidad de vida y que genera una ciudad desigual, segregada y con una tendencia al deterioro de las condiciones ambientales.
El Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de incorporar a sus políticas, de manera efectiva, un enfoque basado en derechos que supone modificar estructuralmente antiguos paradigmas y prácticas. Esto implicaría:
-establecer la capacidad constructiva de los barrios en base a estudios rigurosos de su condiciones de soporte
-promover la reforma y recuperación del stock construido de los barrios antes que la demolición y nueva construcción
-asegurar la ampliación de la oferta de espacios libres y verdes
-incluir un amplio grupo de instrumentos de intervención pública en el mercado inmobiliario que reduzca la especulación inmobiliaria y el reparto justo de las cargas y beneficios
-promover la plena integración socio urbana de los barrios populares
-garantizar un debate participativo amplio, abierto y organizado en cada comuna
-elaborar e incorporar a la discusión pública el Código Ambiental, que es un complemento indispensable de los dos Códigos hoy en tratamiento, a los efectos de armonizar las directrices y normas que componen una correcta política urbano ambiental.
Foto: Carlos Dufour