El operativo policial del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue juzgado por el Tribunal Oral Federal N 6 que en mayo de 2016 condenó a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad Interior del gobierno de Fernando de la Rúa, y a Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), por ordenar y dirigir la represión y a siete funcionarios policiales.
La investigación del caso tuvo muchísimos problemas, como puede verse en el hecho de que el primer juicio concluyó 15 años después. Una de las consecuencias del déficit de la investigación es que aún no se pudo determinar quiénes son los autores de los homicidios de Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos “Petete” Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto. Por este motivo, la investigación judicial continúa abierta.
La causa 22082/2001 investiga lo ocurrido en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a la tarde del 20 de diciembre de 2001. Los manifestantes se dirigían por Avenida de Mayo cuando algunos funcionarios policiales, con la intención de impedir el avance de la marcha, dispararon con municiones de goma y de plomo. Murieron Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón. Damián Aquino, Fernando Rico, Julio Delbene Ford, Víctor Navarrete y Sergio Rubén Sánchez fueron heridos.
En esa causa fue citado a indagatoria el ex policía federal Bernardo Guaita, acusado de haber disparado balas de plomo con una escopeta en Avenida de Mayo e Irigoyen. Declaró en agosto de 2003. Desde entonces, la investigación no avanzó. En noviembre de 2017 la defensa planteó la prescripción. En julio de 2018, con argumentos muy controvertidos, fue aceptada por el juez de primera instancia. La fiscalía y el CELS, en representación de María Arena -compañera de Gastón Riva- y María Nieves Marino-mamá de Diego Lamagna- apelaron la decisión.
El 19 de septiembre de 2018, Germán Moldes, el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones desistió del recurso del fiscal de primera instancia. El desistimiento de Moldes significa el cierre de la acusación contra Guaita por parte del representante de la acción pública. La acusación ahora depende por completo de las víctimas.
Llamativamente, Moldes sí decidió sostener la acusación en un caso en el que se trata de la persecución a manifestantes. En la causa contra un grupo de comunicadores/as detenidos mientras registraban la manifestación del 1 de septiembre de 2017, el fiscal presentó un recurso de Casación para evitar el cierre de la investigación. En su escrito describió a quienes protestaban como “una turba de canallas y facinerosos” que lo hacían “para llevar a cabo sus designios de inhabilitar a través de la violencia y la acción directa, la convivencia democrática”. También pidió que se reforme la ley para que taparse el rostro para participar en una manifestación sea causal de impedimento de la excarcelación en caso de ser detenido, con el fin de terminar con “el festival de liberaciones”. La Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de los manifestantes.
La decisión del fiscal Moldes es un mensaje claro sobre cuál es la orientación que está teniendo la política de persecución penal en estos momentos. Se cierra respecto a un policía que disparó armas de fuego en una protesta y se abre contra un grupo de manifestantes.
Diecisiete años después de la represión de diciembre de 2001, el Estado aun no cumplió con su obligación de investigar estas graves violaciones de derechos humanos. El tiempo continúa pasando y a esta altura además de la responsabilidad por los homicidios también deberían investigarse las responsabilidades por la desidia estatal en la investigación. Mientras tanto, las víctimas y las organizaciones que las acompañan deben hacer un esfuerzo enorme para que el sistema judicial juzgue la violencia estatal contra manifestantes y se reafirme el derecho a la protesta.
foto: Diego Levy