Hace trece años, entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de octubre de 2005, 33 personas que estaban bajo el cuidado del Estado murieron en un incendio, en el penal de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. En los últimos 13 años, las falencias estructurales del sistema penitenciario que provocaron el incendio y las muertes se profundizaron. Por ese motivo, el CELS y el CIAJ realizaron una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado Nacional es responsable a nivel internacional por sostener las condiciones de detención que llevaron a las 33 muertes en Magdalena, y a otras muertes ocurridas desde entonces en situaciones similares.
La tristemente conocida Masacre de Magdalena se inició esa noche con una discusión entre dos internos. En un operativo desmesurado, quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron al módulo para reprimir el conflicto. Los penitenciarios efectuaron, al menos, 21 disparos con munición de goma dentro del espacio cerrado, contra los internos que se habían atrincherado en el fondo del pabellón. La brutalidad de la intervención armada llevó a un interno a iniciar un foco ígneo a modo de protesta.
La magnitud del incendio, la emanación de humos y gases tóxicos, fue provocada por la absoluta falta de funcionamiento de la red de lucha contra incendios y otros factores como la sobrepoblación, el consecuente hacinamiento, la acumulación de ropas y el uso de colchones anti-reglamentarios hechos de poliuretano: una sustancia altamente inflamable que despide humos de toxicidad letal. 33 internos del pabellón murieron. Sólo dos sobrevivieron por las tareas de rescate realizadas por otros internos de la misma Unidad.
Durante el juicio oral por la Masacre realizado recién 12 años después del hecho, se probó que cuando los agentes penitenciarios que participaban de la represión no soportaron más el calor y el humo decidieron escapar del pabellón. El último en salir fue el Jefe de Turno, Reimundo Héctor Fernández, quien estuvo a cargo del operativo represivo que derivó en el incendio. Fue él quien ordenó el cierre de la única salida cuando el fuego ya estaba desatado. La orden la ejecutó el guardia Alejandro Rubén Montes de Oca, quien fue el último en custodiar las salidas del pabellón. De este modo, 35 internos quedaron atrapados mientras el incendio crecía. Al darse cuenta de esa trampa mortal, los internos empezaron a pedir auxilio a los gritos, pero ni Fernández ni Montes de Oca abrieron la puerta.
En agosto del 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 de La Plata -conformado por los jueces Carmen Palacios Arias, Isabel Martiarena y Ezequiel Medrano- condenó a Daniel Oscar Tejeda, director de la Unidad 28, a cinco años de prisión por el delito de incendio culposo agravado; a Reimundo Fernández, jefe de turno, a 25 años, y a Rubén Montes de Oca, guardia, a 10 años por el delito de homicidio doloso.
Aunque trece penitenciarios resultaron absueltos, la sentencia permitió reconstruir lo ocurrido y llamar la atención sobre las consecuencias de las condiciones estructurales y de detención de los presos bonaerenses. Al mismo tiempo, continúan pendientes las investigaciones que permitan determinar las responsabilidades de la cúpula de Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense, de los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Provincia, entre otros.
Las muertes provocadas por incendios en un contexto de hacinamiento y sobrepoblación ocurren con regularidad en los centros de privación de libertad del país y de la provincia de Buenos Aires. Dos ejemplos. El 2 de marzo de 2017, siete detenidos murieron atrapados en un incendio de un calabozo de la Comisaría 1° de Pergamino en la Provincia de Buenos Aires. El 6 de julio de 2018, un juez de La Plata decretó la clausura de la Unidad 35 de Magdalena por falta de funcionamiento de la red de lucha contra incendios. La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata ordenó que se ponga a disposición de la Unidad un camión de bomberos las 24 horas del día, hasta que las deficiencias se resuelvan.
La sobrepoblación está íntimamente ligada al aumento sostenido del encarcelamiento, al uso excesivo de la prisión preventiva y de las medidas que restringen las libertades. En la provincia de Buenos Aires, la mitad de las personas alojadas en cárceles se encuentran detenidas con prisión preventiva. En la última década, se instrumentaron reformas legislativas que promueven el uso de la prisión durante el proceso penal como regla, y no como una excepción. Esta tendencia se profundizó gravemente durante la gestión de la actual gobernadora María Eugenia Vidal.
Todo esto ocurre en un escenario con falencias de infraestructura históricas y déficit de financiamiento de los servicios penitenciarios.