Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales tienen un histórico significativo de activismo en defensa de los más diversos derechos en Brasil. Según estudio realizado por IPEA (Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas), en 2017 existían en el país más de 820 mil ONGs, actuando por mejores condiciones en la educación, salud, por libertades individuales e igualdad en el acceso a derechos, por el acceso a la información y la libertad de expresión, por dignidad en el trabajo, por el derecho de los niños, niñas y adolescentes, por el respeto al medio ambiente, entre tantas otras agendas.
Brasil también es reconocido internacionalmente por su fuerte red de voluntariado, que articula millones de ciudadanos y ciudadanas que dedican parte de su tiempo para construir una sociedad más justa, más igualitaria, en la que la población más pobre tenga acceso a derechos básicos fundamentales, muchas veces no garantizados por el Estado. Ese trabajo también es reconocido como activismo.
La acción de estos activistas viene siendo fundamental para la mejora de las condiciones de vida en el país y para el avanzo en la conquista de derechos. Organizaciones y movimientos son actores estratégicos en la contribución para la formulación de políticas públicas, la elaboración de leyes importantes para el país, la fiscalización del poder público del punto de vista presupuestario, el control de la ejecución de políticas públicas y programas de gobierno. Una sociedad civil dinámica, activa y libre para denunciar abusos, defender conquistas y avanzar en derechos es uno de los ejes fundamentales de las sociedades democráticas en todo el mundo.
Ha sido por medio del trabajo activista de tantas entidades que Brasil conquistó, por ejemplo, leyes como la del combate al racismo y de enfrentamiento a la violencia contra las mujeres; políticas públicas como el seguro desempleo y el financiamiento estudiantil; programas de combate a la deforestación y la protección de los animales; la ley antitabaco y la Ley de la Ficha Limpia, que surgió por iniciativa de la sociedad civil para el combate a la corrupción en las más diversas esferas del país.
En este contexto, la declaración del candidato a la Presidencia Jair Bolsonaro (PSL) de que “pondrá un punto final a todos los activismos en Brasil” es de extrema gravedad. Es una amenaza más a nuestra democracia propagada por esta candidatura. Bolsonaro afirmó su deseo de acabar con la actuación de las organizaciones de la sociedad civil en su pronunciamiento oficial del día 7 de octubre, vehiculado por internet justo después de la confirmación por el Tribunal Superior Electoral de que el candidato disputará la segunda vuelta el próximo día 28 de octubre.
Además de una afronta a la Constitución Federal, que garantiza los derechos de asociación y reunión en Brasil, la declaración refuerza una postura de excluir a la sociedad civil organizada de los debates públicos. Se trata de una amenaza inaceptable a nuestra libertad de actuación. No serán afectados solamente la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas activistas y el trabajo de 820 mil organizaciones. Lo será la propia democracia brasileña. Y no hay democracia sin defensa de derechos.
Hoy más que nunca, Brasil necesita un gobierno abierto al diálogo, que se proponga a conducir a la nación junto a los más diversos sectores, respetando la diferencia de opiniones e ideas sobre las propuestas y rumbos para el país.
En breve, la población brasileña volverá a las urnas para elegir quien será el Presidente de la República en los próximos cuatro años. Que el desprecio por los movimientos sociales y entidades de la sociedad civil manifestado en esta declaración sea considerado por todos y todas a la hora de decidir su voto. Callar a la sociedad civil, como anuncia Jair Bolsonaro, es práctica recurrente en regímenes autoritarios. No podemos aceptar que pase a serlo en Brasil.
La lista completa de entidades firmantes se puede ver en este enlace.