Santiago del Estero: el Estado no protege la vida de los campesinos

La policía provincial y el poder judicial suelen ser parte de la trama de violencia que está presente durante los conflictos por la tierra entre campesinos y empresarios. La muerte de Héctor Corvalán ocurrió después de un desalojo violento.

El martes 22 de octubre falleció Héctor Corvalán, campesino de Santiago del Estero, tras haberse prendido fuego durante el violento desalojo llevado adelante por la policía provincial el 12 de octubre. Ese día una decena de efectivos policiales se presentaron en las tierras que Corvalán poseía desde hace más de 35 años, un despliegue desproporcionado para desalojar a una sola persona. Los policías destrozaron las pertenencias de Corvalán y le dispararon balas de goma, quien en una medida desesperada para resistir el desalojo se roció combustible y se prendió fuego. En el lugar se encontraba presente también el empresario Néstor Quesada, quien reclama las tierras que Corvalán poseía hace años y un oficial de justicia provincial.

El conflicto por esas tierras comenzó en 2012 y se caracterizó por el uso por parte del empresario Quesada de prácticas violentas, incendios de cercos, matanza de animales y amenazas de muerte para lograr que Corvalán se fuera. La jueza María Cecilia Paskevicius ordenó el desalojo y no tomó ninguna de las medidas mínimas necesarias para evitar un desenlace de este tipo a pesar de que el campesino podía acreditar la posesión del terreno desde hace décadas.

La provincia de Santiago del Estero es desde hace años escenario de disputas por la tierra entre campesinos que viven y trabajan allí y empresarios que buscan desalojarlos con métodos violentos. Cristian Ferreyra fue asesinado en 2011 por un grupo armado que ingresó a una reunión del MOCASE – Vía Campesina en el contexto de otro conflicto de similares características. A comienzos de octubre de este año, dos campesinos fueron detenidos durante un procedimiento en una causa por una supuesta usurpación en la comunidad de El Tunal, departamento de Moreno. En este hecho la policía provincial también estuvo acompañada por un grupo de particulares que acompañaban al empresario que disputa las tierras con los campesinos.

El poder judicial y la policía provincial no protegen a quienes viven en las tierras frente a los ataques violentos de particulares. En muchos casos estas situaciones ocurren bajo su amparo y legitiman la trama de violencia que está detrás de los conflictos por la tierra.

Foto: MOCASE