El juez Gustavo Lleral decidió cerrar la investigación de la muerte de Santiago Maldonado. De acuerdo al juez, la desaparición y la muerte de Santiago se produjeron por “la confluencia” de “simples y naturales realidades” que resultaron “inevitables”. Es decir que, según su análisis, no habría ninguna conexión entre la incursión irregular de la Gendarmería en el territorio de la Pu Lof, el uso de la fuerza, la persecución de los manifestantes y la muerte de Santiago cuando intentaba escapar. Esta construcción de los hechos, a la que el juez presenta como la verdad, no hace más que justificar la violencia estatal.
Escindir un operativo de seguridad, que en este caso implicó la ocupación de un territorio, de las consecuencias que pueda tener para la integridad y la vida de las personas es un antecedente grave que legitima ese tipo de intervención estatal en los conflictos. De inmediato, la ministra Bullrich sostuvo que conectar la muerte de Santiago con el operativo de Gendarmería es “engañar a la sociedad”.
El Estado tiene la obligación de investigar exhaustivamente todas las hipótesis que puedan haber conducido a la muerte de Santiago en el marco de una represión. Sin embargo, desde agosto de 2017 su principal ocupación es desligarse de su obligación de hacerlo y atacar a las víctimas.