Desde la Fundación Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir y los abajo firmantes repudiamos el desconocimiento total del orden constitucional que revela la propuesta de proyecto de ley presentado con la firma de 29 legisladores con la finalidad de crear barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo por las causales habilitadas desde 1921 por el ordenamiento penal. Esta iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento del derecho y en especial, del orden constitucional y republicano vigente en nuestro país que impide que desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo.
La interrupción de un embarazo producto de una relación sexual forzada no puede prohibirse provincialmente, como así tampoco pueden agregarse requisitos médico burocráticos para el acceso a esas prestaciones sanitarias, en tanto la Corte Suprema de Justicia en el fallo “F.A.L” ya ha condenado este tipo de exigencias calificándolas en el año 2012 como “violencia institucional”. Asimismo, la violación del secreto profesional que alienta en el art. 21 del proyecto compone un delito que se contrapone con el orden legal de la confidencialidad propia de toda relación sanitaria.
Nuestra provincia tiene la triste notoriedad de ser la única de Argentina que no ha adherido a la ley 25.673 que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población y a ello se suma la nula implementación de la ESI en la Escuela Pública. En consecuencia, difícilmente la decisión de la Honorable Legislatura de la provincia pueda inscribirse en la defensa de la vida si es que desconoce la autonomía reproductiva, la libertad y el derecho a la salud de las mujeres.
Si bien este tipo de proyectos de ley carecen de valor jurídico, denunciamos que forman parte de estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía e imponer un mensaje acorde con una moral sexual restrictiva -propia de sectores fundamentalistas- que se oponen a la secularización de los planes de vida auto-gobernados y a la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas. Y contribuyen al mismo tiempo a que los efectores de la salud denieguen ilegalmente abortos que son legales.
Quienes verdaderamente defendemos la vida de las mujeres estamos convencidas de que la hipocresía institucional que cristaliza este tipo de proyectos devenidos de alianzas clericales-seculares celebradas por fuera de cualquier orden constitucional, configuran un de atentado contra orden democrático y constitucional.
No somos úteros vacíos u ocupados al servicio de la reproducción indefinida de la sociedad. La vida de las mujeres no puede sacrificarse en el altar inmoral de quienes utilizan sus lugares de poder para hacer maniobras espurias con la ley.
Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, CELS, ELA, Redaas, CEDES y Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho de la UNT