La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reconoce a la comunicación como un derecho humano y considera a las audiencias como sujetos de derechos, no como usuarios o consumidores. Esto se expresó, entre otras cuestiones, en la creación de una institución especializada -la Defensoría del Público-, diferente de la autoridad de aplicación y regulación. Desde noviembre de 2016, esta Defensoría está acéfala como consecuencia de la desidia de las autoridades competentes. Esto ocurre mientras las políticas públicas están generando niveles históricos de concentración del sistema de medios de comunicación.
La designación del/la Defensora del Público es responsabilidad de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización (creada por el DNU 267). Durante casi dos años esa Comisión mantuvo acéfala a la Defensoría. Luego de dos años de inactividad, en septiembre de 2018 la Comisión decidió intempestivamente la intervención del organismo. En ese momento, fijó un plazo para designar al/a titular definitiva/o de la Defensoría. El plazo venció sin que se iniciara siquiera un proceso de selección de candidatas/os. Las autoridades de la Comisión decidieron prorrogar su mandato interino hasta marzo de 2019.
La grave omisión estatal en la designación impide que el organismo lleve adelante la totalidad de sus misiones y funciones asignadas legalmente. Esto deteriora la política de capacitación, asesoramiento jurídico y fortalecimiento de los proyectos de comunicación sin fines de lucro y las respuestas a los reclamos que hacen las audiencias cuando consideran que sus derechos no están siendo respetados. Es decir que, en un contexto de mayor concentración, la acefalía debilita el sistema de garantías con que cuentan las audiencias de radio y televisión y las iniciativas comunicacionales sin fines de lucro llevadas adelante por de la sociedad civil.
Al mismo tiempo, la falta de un/a Defensor/a a cargo y la persistencia de la intervención pone en riesgo puestos de trabajo. Una parte de quienes cumplen funciones en la Defensoría se encuentran con formas de contratación precarias o sujetas a un plazo, que en algunos casos se cumple en diciembre. La falta de designación de un Defensor o Defensora del Público impidió la realización de los concursos previstos bianualmente por el Estatuto de Personal de la Defensoría para el acceso a cargos permanentes. En una nota presentada el 3 de diciembre a la Bicameral, un conjunto de organizaciones y especialistas* le solicitamos a la Comisión que arbitrara las medidas necesarias para asegurar la continuidad laboral del personal de la Defensoría del Público. No obtuvimos respuesta. La mora de la Comisión en la selección y designación del/a titular no puede tener como consecuencia un empeoramiento de las condiciones laborales ni la pérdida de puestos de trabajo de quienes cumplen funciones y prestan servicios en la Defensoría del Público.
*Las organizaciones que presentaron la nota mencionada son Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC Argentina, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la Argentina – ARBIA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas – ARUNA, Asociación Civil Nuestra Voz, Resistencia Chaco, Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS, Colectivo para la Diversidad – COPADI, Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social – FM en Tránsito, Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas – CONTA, Barricada TV, Pares TV, Foro Argentino de Radios Comunitarias – FARCO, Red de Carreras de Comunicación de la Argentina – REDCOM, Red Colmena, Martín Becerra, UNQui-CONICET.