El 6 de diciembre la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que modifica la ley N° 26.736 y desregula la producción, venta y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Lo votado no considera a los actores pequeños y los efectos que la concentración vertical tiene sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación. Por ese motivo, enviamos una nota a los y las senadoras que deberán valorar el proyecto en el recinto.
En nuestro país esa actividad se encuentra en manos de una empresa monopólica (Papel Prensa S.A.), que es propiedad de los dos principales productores de periódicos del país y con una participación accionaria del Estado Nacional. Esta concentración vertical exige que el Estado adopte medidas concretas para que no tenga impactos desproporcionados sobre el resto de los actores que intervienen en el mercado y que, en definitiva, hacen a la faz colectiva de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación. Las políticas públicas positivas hacen a la obligación de progresividad de los derechos humanos.
El proyecto de ley propone eliminar la exigencia de un precio único para toda operación que involucre la adquisición de más de una tonelada del producto y la prohibición de vender por bajo de ese precio (art. 20.c). Esta norma pretende evitar que se beneficie, por un lado, a los grandes compradores que pueden competir por el volumen de papel que demandan y, por otro, a los compradores que son los dueños de la empresa productora. Esta era una práctica común antes de la sanción de la ley 26.736.
También, el proyecto propone eliminar la obligación de la empresa de operar al pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel y de presentar planes periódicos de inversión tendientes a satisfacer la totalidad de la demanda interna. Sin esta obligación, Papel Prensa se negaba a vender a algunos diarios alegando que “no había cupo” o que no tenía stock para venderles.
La eliminación de estas garantías exige una justificación respecto de su necesidad y proporcionalidad, con especial atención a los bienes jurídicos en juego, cuestión que no se verifica en el proyecto en cuestión. El papel para diarios no es cualquier producto y el Estado tiene la obligación de asegurar su acceso en condiciones de igualdad y sin discriminación, con especial consideración de los actores pequeños y los efectos que la concentración vertical tiene sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación, en un contexto de diversidad y pluralidad.
Leé la nota en este enlace.
CELS
Diario Tiempo Argentino
SiPreBA Sindicato de Prensa de Buenos Aires