El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue formalmente adoptado esta semana en Marrakech, Marruecos. Este acuerdo inédito promueve la implementación coordinada de políticas migratorias en el mundo y refleja dos miradas distintas -y a veces contradictorias-, respecto de la migración: una de control, y otra basada en derechos.
Por un lado, el Pacto habilita medidas que buscan reducir y prevenir la migración, abordada como si fuera un problema de seguridad. Legitima la detención como instrumento de política migratoria, aun cuando se entiende como una disposición de último recurso, y pone énfasis en los mecanismos de deportación.
Por otro lado, avanza en compromisos para la ampliación de los canales migratorios regulares y la protección de migrantes en situación de vulnerabilidad. Promueve la evaluación individual de los casos de migrantes en situación irregular, con garantías del debido proceso y el desarrollo de procedimientos que faciliten la regularización. Además, se compromete a asegurar el acceso a los servicios básicos por parte de todos los migrantes, más allá de su estado migratorio.
De los 193 estados miembros de la ONU, 164 se adhirieron al Pacto. Algunos países, como Estados Unidos, Hungría y Australia, habían anunciado meses atrás que no iban a apoyar el acuerdo porque lo consideraban contrario a sus intereses nacionales soberanos. Más recientemente Chile se sumó al rechazo del Pacto y el canciller designado por el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro prometió abandonarlo. Este último anuncio representa un golpe fuerte ya que Brasil fue un actor clave en la negociación del Pacto y tiene una nueva ley de migración con enfoque de derechos, que podría estar en peligro ahora. El avance de los discursos nacionalistas y estigmatizadores de los migrantes genera alarma en distintas partes del mundo.
El CELS acompañó el proceso de consultas y negociaciones del Pacto y produjo en alianza con otras organizaciones recomendaciones concretas para un pacto enfocado en los derechos humanos. Seguiremos trabajando para asegurar que la implementación del Pacto en los países esté enfocada en la protección de los derechos de las y los migrantes.
Foto de Tomás Castelazo vía Wikimedia Commons.