Este 3 de diciembre comenzó el juicio por una serie de delitos de lesa humanidad cometidos en la Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires, donde operaba el Grupo de Tareas 4 y funcionó un centro clandestino de detención.
El Tribunal Oral Federal N°6, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Fernando Canero y Julio Luis Panelo, deberá determinar cuáles fueron los roles de los imputados Eduardo Norberto Comesaña, Carlos Enrique Gallone, Juan Manuel Grosso, Raúl Guglielmineti, Fausto José Mingorance y Rafael Oscar Romero, que llegan a juicio imputados por los secuestros y las torturas que sufrieron 62 personas. En el debate también se buscará determinar quiénes asesinaron a cuatro de ellas, detenidas de forma ilegal en ese lugar. De los imputados, Guglielmineti pertenecía al Ejército y el resto eran miembros de la Policía Federal Argentina. La acusación está a cargo de las fiscales Ángeles Ramos y Viviana Sánchez.
El CELS integra la querella -encabezada por el abogado Pablo Llonto- en representación de Fátima Cabrera y Patrick Rice, ex sacerdote irlandés, fallecido en 2010. Por el caso de este matrimonio debe responder Carlos Enrique Gallone. En diez días, el 13 de diciembre, el TOF podrá escuchar la declaración de Fátima, quien era militante del Movimiento Villero Peronista.
La represión ilegal y clandestina durante la última dictadura fue una tarea especializada que requirió personal con entrenamiento ideológico, técnico y psicológico. La Policía Federal Argentina se encontraba preparada para realizar esa tarea, que ejecutaba de hecho desde 1974 como órgano de inteligencia de la Triple A y por su participación en operativos conjuntos con el Ejército y la policía provincial en Tucumán.
A la Federal se le adjudicó el Área 1 de la subzona conformada por la Capital Federal, que comprendía el microcentro de la ciudad, una zona estratégica donde la Superintendencia de Seguridad Federal desempeñó un papel protagónico en la centralización, organización y dirección de las acciones ofensivas. Esta fuerza contaba con recursos propios para mantener personal de calle y para destinar a las actividades de inteligencia, que muchas veces se desarrollaban en conjunto con otras fuerzas. Se trató de una estructura policial que se desdoblaba para tener una cara legal, que podía cumplir con sus funciones habituales y, a la vez, poner en funcionamiento un centro clandestino de detención.
La Secretaría de Derechos Humanos también querella en la causa. Las audiencias de este juicio serán los jueves, en los tribunales de Comodoro Py.