La noche del 31 de enero de 2009 Luciano Arruga desapareció. Su cuerpo fue hallado más de cinco años después, enterrado sin identificar en el Cementerio de la Chacarita. En estos diez años, Luciano se transformó en una presencia permanente que visibiliza y denuncia las múltiples formas de la violencia estatal: el hostigamiento policial permanente a los jóvenes de los barrios pobres, las torturas y golpes en las comisarías, las rutinas de investigación orientadas a encubrir, el desprecio y desinterés de muchos funcionarios judiciales, la revictimización de los familiares.
Luciano era hostigado por los efectivos de un destacamento policial de Lomas del Mirador, en la provincia de Buenos Aires. Era golpeado, amenazado y detenido en forma reiterada por “averiguación de identidad”, aunque sabían perfectamente quién era. En 2015 un policía bonaerense, Julio Diego Torales, fue condenado a diez años de prisión por las torturas impuestas a Luciano en septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. Esas prácticas policiales continúan aunque hayan cambiado los modos. Hoy es la “guerra contra el narcomenudeo” la que habilita requisas, detenciones y armado de causas.
Diez años después, seguimos sin saber qué sucedió con él la noche del 31 de enero de 2009 y sin que el Estado haya rendido cuentas por las deficiencias de la búsqueda que sometieron a su familia a años de incertidumbre y maltratos.
Hasta el día de hoy, la pésima investigación realizada por el poder judicial bonaerense mientras estuvo desaparecido -que permitió la injerencia indebida de la policía de la provincia de Buenos Aires en la búsqueda y en la investigación penal- obstaculiza la investigación que está en manos de la justicia federal de Morón y la reconstrucción de lo sucedido. Los funcionarios provinciales que intervinieron en los primeros años de la búsqueda, el juez de Garantías Gustavo Banco y las agentes fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martin fueron denunciados por su mal desempeño. Desde diciembre de 2012 y octubre de 2013 se encuentran en trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires las denuncias presentadas por Mónica Alegre –mamá de Arruga- y el CELS. El trámite de estas denuncias ha sido objeto de demoras excesivas e irrazonables y más de cinco años después aún no se llegó a un pronunciamiento sobre los hechos.
Foto: Lina Etchesuri | La vaca