Hace siete años, Patricio Barros Cisneros fue torturado y asesinado a golpes por un grupo de penitenciarios de la Unidad 46 de San Martín. La brutalidad de quienes fueron condenados en 2015 por esos hechos se manifestó en un salvajismo inusitado, incluso para las prácticas violentas habituales y naturalizadas del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Luego de haberlo matado, el personal jerárquico de la Unidad elaboró una versión falsa junto con los autores de los golpes, para obtener impunidad. Ese relato engañoso terminó en documentos oficiales del Servicio Penitenciario, que se presentaron ante el Poder Judicial. Además, amedrentaron a testigos para que sostuvieran la versión falsa de la muerte de Patricio. Todas estas maniobras obstruyeron los momentos iniciales de la investigación y facilitaron que tres de los torturadores pudieran fugarse. Estos hechos de encubrimiento son los que se juzgan ahora en el Tribunal Criminal N° 5.
La sentencia de 2015 fue categórica: la muerte de Patricio no solo se enmarcó en un hecho brutal, sino que además permitió vislumbrar las redes de solidaridad corporativa que se ponen en funcionamiento al interior del Servicio Penitenciario Bonaerense, incluso cuando sus agentes cometen el peor crimen que puede ocurrir al interior de una cárcel. Esas redes quedaron probadas en el juicio que está llegando a su fin, con nombre y apellido, cargos y responsabilidades.
En nuestro alegato solicitamos que se condene como coautores de encubrimiento agravado a Daniel Lucas Fernández, Eduardo Dionisio Orsuza y Hernán Favio Ferreyra a la pena de 6 años de prisión; a Oscar Eduardo Orfanelli, Hernán Pablo Maciel y Mauricio Darío Pinedo, a 5 años. Para todos, solicitamos además la inhabilitación especial por 10 años para ejercer cargos públicos.
Foto: Familiares de Patricio Barros Cisneros en el tribunal de San Martín