El 14 de febrero se realizó una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en hospitales psiquiátricos de la Argentina, que llevaron adelante nueve organizaciones y que contó con la presencia de representantes del Estado.
Durante la audiencia en Sucre, Bolivia, las organizaciones peticionarias brindaron información sobre las graves prácticas que prevalecen en los hospitales psiquiátricos y sobre la falta de dispositivos comunitarios para que las personas internadas puedan salir, a pesar de que la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 prevé el cierre de los manicomios en 2020. Destacaron que la situación en la que se encuentra esta población vulnera derechos humanos, impide vivir dignamente y contraviene las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho al Estado argentino.
De este modo, las organizaciones sostuvieron que “el manicomio degrada, cosifica, humilla y desvaloriza a las personas mediante el control de todos los actos de su vida cotidiana” y que en ellos “el encierro, las celdas de aislamiento, la sujeción mecánica y principalmente los psicofármacos, son los mecanismos de control”. Así, miles de personas son “víctimas de un sistema que opta por la privación de la libertad, la sobremedicación y la perpetuación de tortura y malos tratos, que arrasan con sus vidas”.
En este orden de ideas, Ulises Heredia de Confluir – Usuarixs en Acción por el Derecho a la Salud Mental, afirmó que “las personas en los hospitales neuropsiquiátricos viven en condiciones de indignidad total, otras mueren víctimas de la falta de atención que debería brindarse en cualquier centro de salud. Todo este maltrato provoca daño, sufrimiento, malestar y perturbación a nivel emocional, generando inducción a la depresión y al suicidio”. Agregó: “queremos una vida mejor, somos personas que queremos que nos traten como tal, tiene que haber un cambio de paradigma ya que se trabaja con el sufrimiento”.
En relación a la falta de dispositivos comunitarios para la externación de las personas, las organizaciones hicieron hincapié en que “la Ley 26.657 ordena al Estado la sustitución definitiva de los hospitales psiquiátricos para el 2020 y la creación de todas las alternativas comunitarias de atención necesarias para tal fin”, sin embargo, a nueve años de su sanción no se ha cerrado ni un solo manicomio ni se han creado viviendas asistidas, servicios de atención domiciliaria supervisada u otros dispositivos de apoyo. En esta línea, se afirmó que “el Estado argentino hoy invierte una gran cantidad de dinero en el sostenimiento de los hospitales monovalentes, cuando debería reorientar sus recursos a la creación de dispositivos comunitarios” y que “los fondos destinados a actividades de promoción de la salud mental comunitaria se están reduciendo año a año de un modo alarmante”.
Se trató de una importante instancia para visibilizar la vulneración de derechos a la que se enfrenta este colectivo y reclamar políticas para que el Estado argentino otorgue una efectiva protección de acuerdo a sus obligaciones internacionales. Asimismo, fue una oportunidad para impulsar a que la CIDH profundice en la incidencia, promoción y protección de los derechos de esta población. En este sentido, las organizaciones presentes solicitaron a la CIDH un monitoreo cercano de la situación de estas personas en la Argentina, una visita al país para supervisar y la confección de un informe regional sobre el tema.
Desde el CELS, subrayamos que la Ley Nacional de Salud Mental es una herramienta muy valiosa que en su mayor parte ha sido sistemáticamente incumplida por el Estado desde su sanción en 2010. Entendemos que la falta de avances en los últimos años se enmarca en un contexto de retrocesos en la política de salud pública en general. Por otro lado, sostuvimos que la mejora superficial de las condiciones de vida dentro del manicomio no hace más que prolongar el padecimiento de las personas encerradas, por lo que la solución estructural pasa por su cierre definitivo y la externación digna, acompañada y sustentable.
A su turno, el Estado argentino reconoció las violaciones de derechos humanos denunciadas y que “el proceso de transformación no es homogéneo y que la lógica manicomial aún perdura” ya que la concentración de trabajadores/as y presupuesto siguen en los hospitales psiquiátricos y no existen los dispositivos intermedios necesarios.
Por su parte, Joel Hernández García, el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad manifestó su preocupación por la situación de las personas sometidas a torturas en hospitales psiquiátricos y solicitó al Estado argentino que informe sobre las medidas que tomará al respecto. Además, en respuesta al pedido de las organizaciones, ofreció realizar una visita al país para recabar información in situ sobre la situación, constatar los avances y generar los consensos necesarios para superar los problemas.
Asimismo, Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), expresó la importancia de que esta temática tenga la cobertura presupuestaria que precisa para lograr las metas propuestas y se comprometió a continuar con el monitoreo de la situación. También expresó interés en visitar el país.
Por último, la CIDH resaltó la importancia de recabar datos precisos sobre todas las instituciones psiquiátricas del país, así como de la cantidad de personas recluidas en ellas, para el correcto desarrollo de políticas públicas en la materia.
Se puede acceder acá al video completo de la audiencia ante la CIDH.
|
Organizaciones solicitantes de la audiencia temática ante la CIDH Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Asamblea Permanente de Personas Usuarias de los Servicios de Salud Mental (APUSSAM), Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR), Confluir, Xumek Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos y la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús. |