Comunicado conjunto
En 2016 la CIDH dictó una serie de medidas cautelares solicitadas por la CPM y la Defensoría de Casación por el riesgo de vida de las personas alojadas en seis comisarías de Lomas de Zamora y La Matanza. En diciembre de 2018, las dos instituciones junto con el CELS requirieron la ampliación de estas medidas a partir del incremento exponencial del hacinamiento y las diez muertes evitables en el incendio en una comisaría de Esteban Echeverría, que se suman a la responsabilidad estatal sobre otras siete personas muertas en circunstancias similares en la comisaría 1ª de Pergamino.
En el pedido, los tres organismos reclamaron una intervención urgente del Estado por las condiciones en que se encuentran las personas detenidas, que ponen en permanente riesgo su vida.
En este sentido, además de las comisarías de La Matanza y Lomas de Zamora, la ampliación alcanza a las siguientes dependencias: 2da y 3ra de Esteban Echeverría, 1ra de San Martín, 5ta de Billinghurst, 1ra y 3ra de José C. Paz, 7ma y 8va de Almirante Brown, departamental de investigación y 3ra de Quilmes, 1ra de Berazategui, 6ta de Lanús, 2da de Moreno, 1ra y 8va de Moreno-Gran Rodríguez.
En su conjunto y según la información aportada por el Estado provincial, las dependencias policiales abarcadas por la medida cautelar alojan 386 personas. Esto representa el 12 % de los detenidos en comisarías.
La CIDH, tras avaluar la prueba recibida por parte de los tres organismos, solicitó al Estado argentino tomar una serie de medidas urgentes. Entre ellas se destacan:
a) Adoptar medidas para preservar la vida y la integridad, tomando en consideración grupos particularmente vulnerables como mujeres y personas mayores.
b) Reducción de estadías prolongadas y bajar los índices de hacinamiento, debiendo para ello: revisar si la situación de las personas privadas de la libertad se adecua a los estándares aplicables de prisión preventiva, hacer efectivas las clausuras judiciales ya dispuestas y establecer planes de emergencia.
La CIDH inscribe lo resuelto en un marco de crisis estructural del sistema penitenciario caracterizado por las desmedidas tasas de prisionización, el hacinamiento, las inhumanas condiciones de detención y la tortura sistemática. Tal como fue informado por los organismos a la Comisión, en enero se encontraban detenidas 48.660 personas. Esto representa una sobrepoblación del 120%. La tasa de prisionización es de 280 detenidos cada 100.000 habitantes. En las dependencias policiales hay 3.191 personas y el cupo reconocido por el Estado es de 1.007, es decir que la sobrepoblación es del 217%; 2 de cada 3 personas duermen en el piso.
El riesgo de vida denunciado y reconocido por la CIDH se materializó en las masacres de la comisaría 1ª de Pergamino y 3ª de Esteban Echeverría, que sumaron 17 muertos. Las dos dependencias tenían órdenes judiciales de clausura que fueron incumplidas.
Tal como expresaron los peticionarios de las medidas, de la última información oficial disponible surge que el 88% de las dependencias de la provincia cuenta con más personas que camastros; el 76% tiene instalaciones eléctricas riesgosas, sólo la mitad tiene matafuegos, sólo el 16% tiene sistemas de presurización con mangueras para apagar incendios, apenas el 6% tiene salidas de emergencias rápidas, únicamente el 2% de las comisarías tiene instalaciones eléctricas sin riesgo con mecanismos de extinción de incendios y salidas de emergencia. De esta manera, el riesgo inminente a la vida sigue vigente como parte de un problema estructural. En este sentido la CIDH destacó que “el Estado se encuentra en una posición especial de garante en tanto las autoridades ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia…”.
El 3 de marzo, un día después de cumplirse un nuevo aniversario de la Masacre de Pergamino, el Estado tendrá que informar las medidas efectivamente adoptadas en respuesta a la resolución de la CIDH. Los peticionarios reiteran su reclamo a los tres poderes provinciales para que tomen medidas efectivas que permitan revertir la crisis humanitaria por la que atraviesan las personas privadas de libertad y evitar la repetición de casos como los de Pergamino y Esteban Echeverría, de los que se desprende su responsabilidad funcional por conocer las condiciones que los posibilitaron y omitir intervenir para que no ocurran.