La cadena de múltiples trabajos, desocupación, ajuste y brecha
Las mujeres suelen dedicar el equivalente a un trabajo de medio tiempo a las tareas domésticas y de cuidados. Se trata de una ocupación no remunerada. El 75% de quienes las realizan, son mujeres.
En el segundo trimestre de 2018, la desocupación femenina ocupaba dos dígitos (10,8%, frente al 8,7% para los varones). Las mujeres jóvenes son las más afectadas por la falta de empleo: el 21,5% de ellas está buscando trabajo. Si tenemos en cuenta los ingresos totales por persona, la brecha entre varones y mujeres es de 26,2%.
Al mismo tiempo, la seguridad social y el sistema jubilatorio se reformaron de forma tal que reduce en un 10% el poder adquisitivo de los haberes. Se puso fin a un plan que permitía que quienes no tenían aportes suficientes, pudieran jubilarse: el 75% de quienes accedieron a ese beneficio fueron mujeres.
El 98% de las travestis y trans no tienen trabajo formal. La discriminación estructural a la que son sometidas hace que tengan una expectativa de vida de 35 años y que quienes superan esa edad se consideren sobrevivientes. En la provincia de Buenos Aires se aprobó la Ley de Cupo Laboral Trans, impulsada por la activista Diana Sacayán, que obliga a garantizar un 1% de cupo dentro de la planta estatal. No está reglamentada. Existen proyectos similares en el Congreso Nacional, sin tratamiento.
El acceso al aborto: retrocesos marcados
Durante 2018 se debatió la legalización del aborto en el Poder Legislativo Nacional, a partir de la presentación de un proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El 9 de agosto, el Senado rechazó aprobarlo, como sí había hecho la Cámara de Diputados.
Luego del rechazo al proyecto, se identificaron retrocesos en torno a la garantía de acceso a los abortos legales. Las barreras formales e informales se extremaron en los casos de niñas embarazadas luego de haber sido violadas, a quienes el sistema público de salud les retardó el acceso a la interrupción legal del embarazo, que habían solicitado.
A nivel nacional, el Poder Ejecutivo modificó la estructura ministerial para cumplir con metas de ajuste económico: el Ministerio de Salud de la Nación quedó bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. No sólo perdió jerarquía sino también áreas de acción. La decisión resulta alarmante respecto de la capacidad el Estado para garantizar el acceso al derecho a la salud y, en particular, a las prácticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva.
Migrar no es delito
Las migrantes están expuestas a variadas situaciones de violencia tanto en los países de origen como en el tránsito migratorio y en los lugares de destino. Son varios los factores que las propician: el aislamiento social y la falta de redes de apoyo, la inserción en empleos precarios, el acceso deficitario a derechos sociales, las dificultades para regularizar la situación migratoria, la discriminación basada en el status migratorio regular, la edad, la clase social o la pertenencia étnica o nacional, la falta de acceso a la justicia.
Es necesario que el Estado argentino derogue el DNU 70/2017 porque, entre otras afectaciones de derechos, está causando también la separación de familias. El giro en la política migratoria argentina puede verse en casos como los de la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva, expulsada junto a su hijo argentino de dos años. Vanessa fue obligada a dejar el país donde vivió por más de 15 años, sin haberse podido despedir de sus dos otros hijos, también argentinos, de 5 y 14 años. La policía fue a su casa con la excusa de que tenía que acompañar a los agentes para “firmar una notificación”. Vanessa llevó a su hijo menor de 2 años y dejó a los otros dos en casa. Fue trasladada a una celda sin luz ni agua y de ahí directo al Aeropuerto de Ezeiza. No sabe cuándo volverá a ver sus hijos más grandes.
Las mujeres trans y travestis migrantes atraviesan múltiples discriminaciones en razón de su identidad de género, su condición migratoria y origen social. Muchas de ellas han salido de sus países para escapar de situaciones de extrema vulneración. Al llegar a la Argentina, encuentran que al no tener documentación de su país de origen acorde con su identidad de género autopercibida, sus trámites migratorios se ven entorpecidos.
Parir como una condenada
La “Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre Violencia Obstétrica hacia Mujeres Privadas de su Libertad”, presentó su investigación en unidades penales federales y de la provincia de Buenos Aires. El 30% de las detenidas que fueron encuestadas indicó haber sido atendida por un/a médico/a de una especialidad distinta a la obstetricia. La gran mayoría (94%), inició el trabajo de preparto en la unidad penitenciaria. El 85% manifestó haber experimentado durante el trabajo de parto realizado en el penal algún tipo de maltrato verbal de parte del personal penitenciario. En casi la totalidad de los casos abordados en el estudio (97%), las mujeres fueron acompañadas a hospitales por personal de seguridad y en el 54,5% fueron trasladadas con alguna medida de sujeción: atadas con esposas o por los pies durante el preparto o el parto. Todas las mujeres sujetadas por los pies estaban alojadas en la Unidad 33 de Los Hornos. El informe detecta formas específicas de maltrato ligadas al hecho de que se trate de mujeres privadas de su libertad y ratifica la necesidad de replantear la política criminal y penitenciaria actual respecto de las mujeres.
El derecho a la protesta
Las detenciones realizadas por la policía durante protestas sociales son en su mayor parte arbitrarias e injustificadas. Las 20 personas detenidas luego del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans el 8 de marzo de 2017 fueron sobreseídas luego de un año de proceso. Esa noche, uniformados sin identificación, en su mayoría varones y hombres de civil detuvieron a 15 mujeres y cinco varones de manera violenta. Las detenciones fueron tipo razzia, sin orden judicial. Este método tipo cacería policial se ensayó ese día, pero se repitió en ocasiones posteriores. En las comisarías, muchas fueron obligadas a desnudarse y les practicaron requisas vejatorias. Las detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y el lesboodio. El descontrol de las fuerzas se vio también en los manoseos, insultos y maltratos. Incluso en ocasión de otra protesta, a las detenidas se les preguntó en sede judicial por su orientación sexual.
Foto: Celeste Alonso