El domingo 10 de marzo la Policía de la Ciudad reprimió una manifestación de feriantes en San Telmo y detuvo a 18 personas. Por disposición de la fiscal Celsa Ramírez, quien convalidó el operativo policial, al mediodía del lunes continuaban privadas de su libertad. En el operativo, los efectivos policiales tiraron gas pimienta en forma ilegal y abusiva, detuvieron de manera arbitraria y con violencia a quienes estaban en la calle, incluidos transeúntes y a quienes filmaban lo que sucedía.
Desde las detenciones tras el paro internacional de mujeres del 8 de marzo de 2017 la Policía de la Ciudad efectúa sus operativos de la misma forma: frente a una manifestación en la vía pública -protestas que interrumpen el tránsito, verdurazos que ocupan plazas públicas o feriantes y vendedores/as ambulantes- reprime y detiene en forma arbitraria. La violencia ejercida en los operativos y las detenciones arbitrarias tienen como destinatario a quienes participan de las acciones, a los/as que pasan por allí y a quienes buscan registran imágenes de la represión. Cuando la detención es de un migrante, se le añade luego un mensaje xenófobo que busca unir delincuencia con migración y se exige al poder judicial la expulsión inmediata.
Luego, en la mayoría de los casos el Poder Judicial desestima las causas penales que la Policía arma contra los/as que detiene, e incluso en algunas oportunidades lo ha hecho con fuertes críticas hacia el accionar policial en la ejecución del operativo. Que el Poder Judicial desestime las acusaciones y critique el accionar policial es importante y necesario. Sin embargo, este control judicial es posterior a la ejecución de los operativos, por lo que la privación de libertad arbitraria, la violencia indiscriminada y la criminalización del uso de espacio público subsisten. La persistencia de operativos policiales como el del domingo, que desconocen las resoluciones judiciales de los últimos dos años en casos de detenciones similares, permiten concluir que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no está dispuesto a revisar la actuación de su policía.